Sin pasar por el Congreso, el Gobierno modifica la Ley de Inteligencia para darle más poder y oscuridad a la SIDE.El organismos designa a todas las actividades de inteligencia como “encubiertas”. Minutos antes de iniciar el 2026 el Gobierno de Milei dictó un decreto de necesidad y urgencia que reformula la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) amplaindo las facultades operativas del organismos y designa a todas las actividades de inteligencia como “encubiertas”. En la base del texto se introduce el término “riesgo estratégico nacional” como cambio conceptual en el funcionamiento del sistema.
Además, tendrá a disposición una gran caja discrecional y un gran despliegue, de tal manera que podrá requerir información a todos los organismos del Estado nacional, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También le dará la facultad de «aprehender» personas si los encuentra bajo flagrancia o por orden judicial.
El DNU 941/25, firmado por el presidente Javier Milei pero aún no publicado en el Boletín Oficial, reconvierte la Agencia de Seguridad Nacional en la nueva Agencia Nacional de Contrainteligencia, que tendrá como función central la prevención de amenazas con definición amplia: espionaje, sabotaje, injerencia externa y operaciones de influencia que puedan afectar el orden constitucional o los «intereses estratégicos del país». Casi todo bajo su órbita.
El decreto dispone la separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia.
Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que pasará a depender de la Jefatura de Gabinete. Una cuota de poder para la hermana Karina Milei, porque el jefe de los ministros, Manuel Adorni, responde a ella.
La Agencia Federal de Ciberinteligencia, bajo la órbita de la SIDE, con foco exclusivo en inteligencia en el ciberespacio. En este caso, punto para el asesor sin firma Santiago Caputo, que colocó al frente de la SIDE a Cristian Auguadra tras la salida traumática del cargo de Sergio Neiffert.
El CNC – Centro Nacional de Ciberseguridad – “planificara, ejecutara y supervisara políticas, programas y acciones en materia de ciberseguridad destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos (…) y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales”.
Para su puesta en marcha, se transfieren bienes, patrimonio y personal que anteriormente estaban asignados a funciones de ciberseguridad en la ex Agencia Federal de Ciberseguridad.
El decreto crea además la Comunidad de Inteligencia Nacional que reúne a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y otros entes con competencias afines.
Por otro lado, la Comunidad Informativa Nacional, que involucra a sectores estratégico del Estado como Ministerios, autoridades de documentación e identificación, Migraciones, Aduanas, organismos del área nuclear y otros entes.
“La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de la Presidencia de la Nación establecerá la organización, el funcionamiento y los procedimientos técnicos mediante los cuales los miembros de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN) deberán suministrar la información“, marca la norma.
El texto dedica un párrafo específico a la protección de instalaciones, bienes y empleados de los organismos incluidos en el sistema. Se establece que estos podrán proveerse sus propios mecanismos de seguridad y repeler o hacer cesar agresiones que los afecten.
