“Existen condiciones ya estructurales que colocan a las mujeres en una situación de discriminación indirecta”: con esa frase, la licenciada Natalia Fuentes, del Observatorio de Violencia Contra y Hacia las Mujeres, calificó lo ocurrido con la senadora Fernández Sagasti, a quien el reglamento de la Cámara le impidió votar pese a poder seguir la sesión de forma virtual por un embarazo de riesgo.
El episodio se dio en el marco del debate por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que ya cuenta con media sanción. La senadora nacional Fernández Sagasti, que atraviesa un embarazo de riesgo, tenía la posibilidad de seguir la sesión de manera online, pero el reglamento del Senado le impidió emitir su voto. La propia legisladora presentó luego un proyecto para modificar esa normativa.
Consultada, Fuentes, explicó que la situación no responde a una voluntad deliberada de discriminar, sino a la falta de revisión de reglamentos con perspectiva de género. “No es que el reglamento directamente quiere discriminarlas, pero no tienen consideración de que muchas personas en situación de embarazo van a necesitar adecuaciones razonables“, señaló, y remarcó que la ausencia de esos ajustes “termina constituyendo una fuente de discriminación”.
La especialista vinculó el caso con los obstáculos estructurales que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral y político. Además de los conocidos “techos de cristal” y “paredes de cristal”, Fuentes introdujo el concepto de “escaleras rotas”: los períodos en que las mujeres se alejan del espacio laboral por el embarazo, lo que dificulta su formación y su ascenso profesional. En los embarazos de alto riesgo, advirtió, esos períodos “son aún más largos”.
Consultada sobre si el hecho podría sentar un precedente, la profesional fue cauta pero optimista: “Muchas situaciones, cuando se presentan, movilizan los cambios necesarios”, dijo, y citó como antecedente lo ocurrido durante la pandemia, cuando el propio Senado habilitó el voto remoto de manera extraordinaria. También mencionó que en otros países ya existen mecanismos de voto delegado o participación virtual en comisiones.
Fuentes puso especial énfasis en que cualquier adecuación reglamentaria debe ser optativa y no obligatoria, ya que no todas las personas atraviesan un embarazo de alto riesgo de la misma manera ni desean continuar con la misma carga laboral. “Muchas veces terminamos pensando que todas las personas quieren lo mismo (…) tiene que ver con que no todos los embarazos de alto riesgo, no todas las personas que nos atraviesan están en la misma situación”, explicó, y agregó que debe respetarse la decisión de quien prefiera tomar la licencia habitual.
La entrevistada también se refirió al trabajo del Observatorio, que además de su eje central en violencia de género elabora estadísticas y recomendaciones sobre lo que definió como “violencias indirectas”: las barreras de acceso al trabajo, la salud y la participación política. Según indicó, esos datos funcionan como una “línea de base” para que cualquier iniciativa legislativa o institucional pueda diseñarse con conocimiento de la situación real de la provincia.
Sobre el cierre de la entrevista, los conductores del programa remarcaron que la Presidenta de la Cámara había autorizado inicialmente el voto de la senadora, pero que la decisión se revirtió por presión del oficialismo nacional para que se respetara el reglamento.
