Un comisario de civil, identificado como Gustavo Gauna, apuntó con una escopeta a manifestantes durante la represión en el Congreso por la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada“. La abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), calificó el hecho como parte de un “cambio de régimen”.
María del Carmen Verdú, abogada y referente de CORREPI, cuestionó con dureza las declaraciones de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien había calificado como “normal” la actuación del comisario Gustavo Gauna durante los incidentes registrados frente al Congreso de la Nación. Gauna, vestido de civil, fue fotografiado apuntando en forma horizontal con una escopeta calibre 12-70 hacia los manifestantes que protestaban contra el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
Consultada sobre los dichos de la funcionaria, Verdú fue contundente: sostuvo que calificar como normal a un comisario de civil disparando directamente al cuerpo de las personas es, en realidad, la expresión de una nueva etapa política. Explicó que si bien la presencia de policías de civil en manifestaciones no es una novedad en la Argentina —y recordó el caso del joven Lucas González, asesinado en Barracas por policías de una brigada que actuaba de civil—, lo distintivo del momento actual es que ya no se trata de una práctica al margen de la ley, sino de una política explícitamente habilitada desde el Estado.
La letrada de CORREPI repasó los antecedentes normativos: la resolución 210, dictada en 2011 tras la represión del Parque Indoamericano, había establecido que las fuerzas de seguridad debían actuar uniformadas, identificadas y sin portar armas de fuego en manifestaciones. Esa norma fue derogada por la ministra Patricia Bullrich apenas asumió la cartera de Seguridad. En paralelo, señaló Verdú, rige desde 2023 el protocolo de uso de armas de fuego conocido como “doctrina Chocobar”, que habilita su empleo a criterio discrecional de cada efectivo.
Verdú remarcó además que los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional exigen que el uso de la fuerza sea proporcional, y advirtió que las llamadas “armas no letales” —balas de goma, gases lacrimógenos, pistolas Taser— también pueden matar o provocar lesiones graves. Citó los casos de Carlos Fuentealba y Pablo Grillo, y calificó a la descarga eléctrica como una forma de tortura.
Para la abogada, la estrategia detrás de este tipo de operativos apunta a desviar el eje del debate público. En sus palabras, mientras debería discutirse la reforma laboral o la cesión de territorio nacional a empresas y estados extranjeros, la agenda mediática termina centrada en los “incidentes” o “disturbios” generados por la propia presencia policial. “El principal objetivo es el amedrentamiento”, afirmó.
Consultada sobre la posibilidad de que el comisario Gauna sea acusado de tentativa de homicidio, Verdú explicó que esa facultad corresponde a la víctima directa, y lamentó que en la Argentina resulta difícil que la Justicia califique estos hechos con esa gravedad “aun teniendo el cadáver sobre la mesa de autopsia con las balas en la nuca o en la espalda”.
