Estela Mimessi, secretaria general de APUNSa, denunció el incumplimiento del Gobierno nacional a la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que la universidad pública “se está vaciando de estudiantes y de profesionales”.
Salta vivió ayer un paro nacional universitario contundente, con una adhesión del 90% entre el personal no docente en la provincia y del 98% a nivel nacional, según informó Estela Mimessi, secretaria general de la Asociación del Personal de la Universidad de Salta (APUNSa). La medida se enmarca en el plan de lucha del Frente Sindical Universitario y anticipa una nueva ronda de protestas: los docentes irán al paro entre el 18 y el 22 de agosto, mientras que los no docentes harán lo propio el 27 y 28 del mismo mes.
Mimessi explicó que, aunque el Poder Ejecutivo sostiene que está enviando dinero a las universidades, se trata de fondos acordados el 10 de junio pasado —previos al fallo de la Corte Suprema— y correspondientes a la actualización salarial de 2026, no a lo que exige la Ley de Financiamiento Universitario. Según relató, ese acuerdo incluyó un refuerzo del 50% para hospitales universitarios, otro 50% para gastos de funcionamiento y un 21,33% de incremento salarial, pero no contempla la reparación del poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023, que la dirigente calculó en más del 70%.
La sindicalista recordó que la Corte Suprema ratificó una segunda vez la cautelar que obliga al Ejecutivo a reforzar el sistema de becas estudiantiles —no solo las Becas Belgrano— y a sentarse a negociar paritariamente la recomposición salarial con los gremios, algo que hasta el momento no ocurrió.
Mimessi remarcó que la próxima semana se cumplen 300 días desde que el Gobierno judicializó una ley aprobada tres veces por el Congreso, un hecho que calificó de inédito. También mencionó que la Universidad de Buenos Aires solicitó al juez una conciliación obligatoria, pedido rechazado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que exige el cumplimiento directo del fallo. Para la semana próxima está prevista una nueva convocatoria a conciliación entre el juez, el CIN, los gremios y representantes del Ministerio de Capital Humano.
También sostuvo que el vaciamiento no solo afecta a los trabajadores sino también a los estudiantes, muchos de los cuales deben abandonar sus carreras por falta de recursos, sumado a la restricción del boleto gratuito estudiantil dispuesta por la provincia. “Nuestros pibes son laburantes”, señaló, y agregó que el Gobierno “es consciente” de las consecuencias de su política hacia las universidades públicas.
La dirigente también apuntó contra la conducción de la Universidad Nacional de Salta, a la que acusó de alinearse con el Gobierno nacional y de recortar unilateralmente beneficios como el Suplemento de Riesgo del Trabajo para el personal de mantenimiento. Como ejemplo de esa afinidad política, citó la decisión del rectorado de adoptar el lema “año de la grandeza argentina” en los membretes institucionales, pese a los reclamos de gremios, la Facultad de Humanidades y organismos de derechos humanos, en momentos en que se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976.
