“Es un blindaje para que el poder manipule el voto de la población”

“La ley de lemas fue derogada en el 90% de las provincias del país por fraudulenta y escandalosa. No es una presunción de lo que podría pasar: es un sistema que ya demostró ser una estafa al votante y por eso se derogó.”
La nueva ley electoral salteña —que el gobierno provincial insiste en no llamar ley de lemas— fue aprobada en la Legislatura en medio de críticas cruzadas. Claudio Del Pla, del Partido Obrero y el Frente de Izquierda de las y los Trabajadores, fue contundente: se trata de un sistema diseñado a medida para que el gobernador Gustavo Sáenz vaya por un tercer mandato, vaciando la representatividad del voto ciudadano y proscribiendo en los hechos a los partidos que no aceptan el tutelaje del poder.
Del Pla fue claro respecto del antecedente histórico: el sistema de lemas no es una novedad ni un experimento. Ya fue aplicado en Argentina y fue derogado en casi todo el país por sus consecuencias distorsivas. Las escenas clásicas del día después de una elección con lemas eran siempre las mismas: el candidato más votado individualmente perdía frente a otro con menos votos propios, porque su frente sumaba más en conjunto. “Ganó este que tiene menos votos que el otro, ¿cómo puede ser?”, recordó Del Pla como la reacción típica del electorado.
El dirigente explicó la diferencia técnica respecto del sistema de colectoras que rigió en la última elección: antes, las listas de distintos partidos sumaban sus votos para una categoría superior pero competían entre sí en las categorías inferiores. Ahora, con la nueva ley, también suman entre ellas en todas las categorías —gobernador, intendente, diputado, senador—, lo que permite que un candidato con muchos menos votos propios acceda a un cargo desplazando a otro con más respaldo ciudadano real.
“Sáenz hace cuatro años hizo una reforma electoral con el slogan ‘el poder limita al poder’. Resultó que todo el esquema fue para que el poder se quede en el poder. Ahora igual: el mismo discurso, el mismo resultado.”
Pero Del Pla identificó un elemento aún más grave que el propio sistema de lemas: los requisitos mínimos que exige la ley para que un partido pueda presentar candidato a gobernador. Según explicó, se exige tener listas completas en al menos 40 municipios y en 15 de los 23 departamentos de la provincia. Para los partidos con menor estructura territorial —especialmente los que no transan con el poder— esa valla es casi imposible de superar. “Están proscribiendo partidos”, afirmó. “Esto es inconstitucional: la Constitución no establece partidos de primera y de segunda.”
El referente de izquierda también desmontó el argumento oficial que presentó la eliminación del piso del 5% como una concesión democrática a las minorías. Para Del Pla, ese piso ya había perdido relevancia práctica desde la reforma constitucional de hace cuatro años, que redujo a la mitad la cantidad de concejales a elegir en cada elección. Al elegirse la mitad de los cargos, se necesita el doble de porcentaje para obtener una banca: el umbral real ya era tan alto como el 5% formal, con lo cual eliminarlo no cambia nada sustancial.
“Ya tenemos elecciones con menos del 60% de participación porque la gente siente que vota pero no decide. Con este mecanismo eso se va a agravar: el ciudadano ni va a saber a quién terminó votando finalmente.”
Del Pla trazó además un paralelo entre la reforma salteña y la reforma electoral que el presidente Javier Milei presentó a nivel nacional en las mismas horas, calificándolas como parte de una misma lógica: quienes tienen el poder acomodan el sistema electoral a su conveniencia del momento. Y señaló la contradicción política de fondo: los legisladores de La Libertad Avanza que votaron junto a Sáenz la reforma salteña son los mismos que en el Congreso nacional apoyaron la Ley Bases, la reforma laboral, el recorte a los discapacitados y la quita de fondos a las universidades.
“Vamos a presentar un planteo de inconstitucionalidad de esta ley. La Constitución no establece partidos de distintas categorías. Una legislatura circunstancial no puede venir a impedirle a un partido tener candidato a gobernador. De ninguna manera.”
El Frente de Izquierda anticipó que impugnará la ley por inconstitucional y llamó a la población a no dejarse distraer por el debate sobre sistemas electorales mientras se recortan derechos concretos: el acceso al PAMI, el costo del transporte, el financiamiento universitario y las prestaciones para personas con discapacidad.