Gobierno Nacional: “Le ponen la culpa al que tiene discapacidad”

“Distraen la conversación con un proyecto que va a caer en saco roto, mientras no hacen absolutamente nada por el trabajador, ni con ni sin discapacidad, ni por las familias, ni por los jóvenes, ni por los jubilados.”Un nuevo proyecto de ley de discapacidad que impulsa el gobierno nacional volvió a encender las alarmas del colectivo. Reempadronamiento obligatorio en 90 días, restricciones para trabajar, cruce de datos entre ARCA y los registros de beneficiarios: la abogada María Antonieta Plaza, de la Fundación Tomar Acción, advirtió que el proyecto contradice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —que en Argentina tiene rango constitucional— y que cualquier norma que se aparte de esa jerarquía está destinada a caer por la vía judicial.
La letrada fue directa desde el arranque: el proyecto nacional parte de un modelo anterior al vigente. El marco legal actual —el modelo social y comunitario de la discapacidad— garantiza a la persona con discapacidad exactamente los mismos derechos que al resto, reconoce su capacidad jurídica y obliga al Estado, a las empresas y a la sociedad a realizar los ajustes necesarios para la inclusión. El proyecto oficialista, en cambio, vuelve a poner el problema en el individuo.
Uno de los puntos más cuestionados es la pretensión de impedir que quienes cobran una pensión por discapacidad puedan trabajar en blanco. Plaza explicó que esta restricción, aunque no sería legalmente viable, ya genera un daño concreto en la vida cotidiana: muchas personas con discapacidad evitan ser registradas formalmente para no perder la pensión, lo que alimenta la informalidad y habilita situaciones de explotación laboral.
La abogada también rechazó el reempadronamiento masivo en 90 días. “¿Para demostrar qué? ¿Que te crecieron las ganas de caminar?”, ironizó, y señaló que exigirle a alguien en silla de ruedas que vuelva a probar su condición en ese plazo revela una ignorancia profunda sobre la realidad de la discapacidad. Pero más allá de lo absurdo, advirtió que genera una carga burocrática enorme sobre familias que ya enfrentan gastos médicos, de rehabilitación y de movilidad muy superiores a los del resto de la población.
Plaza fue enfática en señalar la estrategia política detrás del proyecto: desviar la atención de los escándalos vinculados al manejo de fondos de ANDIS y de otras partidas, instalando una narrativa que pone a las personas con discapacidad como un gasto insostenible para el sistema. “Ponen el foco en eso para distraer de lo que realmente importa”, afirmó, y advirtió que esa lógica deriva en estigma e incitación al odio hacia el diferente.
“Cuando en las aulas hay un niño en silla de ruedas, un niño ciego o con autismo, los demás chicos adquieren mucha más base moral para lidiar con su propia vida. La discapacidad en las escuelas no es una carga: es una herramienta de formación.”
La letrada también trazó un puente inesperado con la crisis de violencia escolar: la inclusión de personas con discapacidad en las aulas es una de las mejores herramientas de formación en valores que existe, y va exactamente en el sentido contrario a los discursos que hablan de enseñar valores mientras se desfinancian los gabinetes escolares. “Los gabinetes están en la Constitución provincial”, recordó. “Normas no te faltan.”
El mensaje final de Plaza fue a la vez de alerta y de tranquilidad. De alerta porque el proyecto genera daño real aunque no prospere: estigma, burocracia, informalidad, costos judiciales que pagamos todos. Y de tranquilidad porque el blindaje legal es sólido: la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad forma parte del bloque constitucional argentino con la máxima jerarquía normativa, y cualquier ley que la contradiga puede ser frenada judicialmente.