UNA CAJA QUE ASFIXIA: “NOS EXIGEN PAGAR SIN GARANTIZARNOS NADA”

“Un recién egresado que ya está en deuda y está subvencionando mi jubilación. No hay equidad ni solidaridad en ese sistema. Y la legislatura lleva más de un año de silencio.”
Casi 600 profesionales de trabajo social y nutrición de toda la provincia de Salta están reclamando contra la Ley 8444, que creó la Caja Interprofesional de Seguridad Social para ambos sectores. El reclamo central es contundente: los aportes son insostenibles, el sistema no tiene base actuarial sólida y quienes impulsaron la ley son los mismos que hoy la administran.
La licenciada en Trabajo Social Betina Gómez explica que“De un padrón de 1.200 aportantes compulsivos, casi 600 estamos reclamando el rechazo a esta ley”, afirmó. Las profesionales autoconvocadas —en su mayoría mujeres— acumulan deudas individuales de entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos con la caja, equivalente a entre 16 y 18 meses de aportes sin pagar.
Gómez ilustró la inequidad con una comparación directa: mientras un monotributista paga menos de 20.000 pesos mensuales y accede a una jubilación garantizada de alrededor de 320.000 pesos, los matriculados bajo esta ley deben aportar entre 50.000 y 127.000 pesos mensuales sin tener certeza de qué jubilación recibirán. “No nos aseguran nada, porque la sostenibilidad en el tiempo no está dada“, subrayó.
Para que una caja previsional sea viable, señaló, se necesitan entre 6 y 7 aportantes activos por cada jubilado. “Hoy la mayoría de las cajas profesionales de Argentina están en una relación de 1 a 3. Están todas en crisis.”
Gómez fue precisa sobre el origen del problema: el proyecto fue confeccionado por profesionales de Ciencias Económicas, pero no por actuarios —los especialistas específicos en proyecciones previsionales de largo plazo. “Se hizo una proyección a 20 años que ni siquiera cubre los 30 años que te exigen para jubilarte. No es un sistema maduro para poder evaluar si llegás o no a pagar una jubilación completa”, advirtió.
Otro punto sensible que señaló: quienes impulsaron la ley ante la Legislatura son los mismos que integran la comisión que administra los fondos de la caja. “Ahí está el kit de la cuestión”, resumió la licenciada, al ser consultada sobre quién maneja el dinero acumulado.
Las profesionales han presentado mediaciones colectivas, revisiones del proyecto, propuestas alternativas con arquitectura de cuentas individuales y avales de centenares de matriculadas. Han sido recibidas por la mayoría de los diputados y senadores provinciales. Sin embargo, no obtuvieron respuestas concretas.
“Lo que nos cuesta entender es por qué desde la Legislatura tenemos un silencio de más de un año. Hacemos una lectura de que eso también es una decisión política: no resolver”, disparó Gómez.
Este martes realizaron su tercera marcha frente a la Legislatura provincial, sobre calle Mitre, a las 15.30 horas, en coincidencia con la sesión de los diputados. Mientras tanto, cada vez más colegas optan por dar de baja su matrícula profesional para no quedar automáticamente endeudadas con la caja desde el momento mismo de la inscripción.
“No es que no podemos o no queremos pagar. Queremos aportar a un sistema viable, sostenible y con garantías reales. Lo que tenemos ahora es todo lo contrario a la previsión: es asfixia”, concluyó Betina Gómez.