“Una compañera que trabaja 192 horas al mes y cobra 410 mil pesos tiene que invertir 100 mil en transporte. Le queda menos de 300 mil pesos para subsistir, mantener a su familia y, muchas veces, a sus padres también.”El cobro del transbordo en el transporte público de Salta encendió la mecha. Las trabajadoras de casas particulares, que ya venían absorbiendo aumentos tarifarios con salarios que no alcanzan, llegaron a un punto de quiebre: destinar el 25% del sueldo mensual sólo para ir al trabajo hace inviable la actividad. Ana Rosa Díaz, referenta del sector desde hace diez años, convocó a una movilización frente a la Legislatura provincial y explicó con números brutalmente concretos por qué el reclamo no admite más espera.
Los números que presentó Díaz son contundentes: una trabajadora que cumple 192 horas mensuales con un salario de 410.000 pesos destina aproximadamente 100.000 pesos al transporte. A eso se le descuentan 22.000 pesos de obra social. El resultado es menos de 300.000 pesos netos para vivir, en un contexto donde la mayoría de estas mujeres son jefas de hogar y sostienen también a sus hijos y padres.
“Una compañera que trabaja cuatro horas diarias tiene que invertir una hora y media de su trabajo sólo para pagar el transporte. Le quedan 11.000 pesos en el bolsillo para comer. Nadie come con eso.”
Para fundamentar el reclamo, el grupo recurrió a documentos internacionales. Citaron un informe del Banco Mundial que establece que el gasto en transporte no debe superar el 10% del ingreso del hogar, umbral por encima del cual se configura exclusión social y económica. También apelaron a los ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que garantizan el derecho a un transporte accesible y asequible como condición para el ejercicio del derecho al trabajo. En el caso de estas trabajadoras, ese porcentaje supera el 25%.
Díaz fue categórica en aclarar que el pedido no es de gratuidad total: “Nosotras queremos seguir aportando al sistema de transporte”, repitió varias veces. Lo que exigen es la gratuidad del transbordo o, como alternativa, una tarifa social diferenciada para el sector. Una demanda que, en sus propios términos, se vuelve urgente porque “no estamos pudiendo sostener el trabajo de esta forma”.
“Nos siguen viendo como esclavas y sirvientas, no como trabajadoras con derechos. Y lo peor es que son las propias mujeres las que vulneran nuestros derechos, aún sabiendo lo que es este trabajo.”
La referenta también denunció otra cara de la precarización: algunos empleadores están negando el desayuno o la merienda a las trabajadoras, en violación directa a la Ley 26.844 que obliga a brindar alimentación adecuada según el horario laboral. “Estamos llegando al punto de llevar nuestro propio pan, la azúcar y el saquito de té“, relató Díaz, y ejemplificó con el caso de una compañera a quien su empleadora le comunicó que “la casa no es comedor”.
El cuadro se completa con otro dato que Díaz no esquivó: el 90% de las trabajadoras del sector está en la informalidad, sin registro ni beneficios. No les corresponen viáticos, no tienen descansos reglamentarios, no cuentan con convenios colectivos que protejan siquiera un recreo de 15 minutos. Y la red de contención social que antes amortiguaba algo de ese golpe —comedores y merenderos barriales— también se fue achicando con la crisis.
“No pedimos que nos regalen nada. Queremos seguir siendo trabajadoras de casas particulares sujetas de derechos. Pero así, pagando un cuarto del sueldo en transporte, no podemos.”
La movilización convocada para las 17 horas frente a la Legislatura provincial buscó interpelar directamente a los diputados. Díaz extendió la invitación a toda la comunidad, recordando que el impacto del transbordo también recae sobre los hijos estudiantes de las trabajadoras, a quienes el nuevo sistema les descuenta boletos que antes tenían garantizados.
