“El medicamento puede llegar a ser un arma mortal en las manos indebidas. Con la salud no se juega.”
Susana Carrasco, presidenta de la Cámara de Propietarios de Farmacias de Salta, explicó que la crisis silenciosa que viven los jubilados argentinos a la hora de conseguir sus medicamentos tiene nombre y apellido: PAMI acumuló una deuda de seis quincenas con las farmacias del país, equivalente a casi tres meses de facturación sin cobrar.
“PAMI ha venido deteriorando su sistema de pago”, advirtió Carrasco. La situación llegó a un punto crítico porque las farmacias compran insumos semanalmente o quincenalmente y deben pagar a sus proveedores en plazos de 15 a 30 días. Cuando la obra social deja de cumplir, la cadena se rompe: los distribuidores no solo suspenden los medicamentos de PAMI, sino la provisión completa, lo que pone en jaque la operatoria de toda la farmacia.
Hace pocos días, PAMI realizó un pago parcial de dos quincenas y se comprometió verbalmente a cancelar las cuatro restantes antes del 24 del mes, con el objetivo de ponerse al día el 14 de mayo. Sin embargo, Carrasco fue cauta: “Ya tuvimos una promesa similar para el 31 de marzo. No solo no cancelaron, sino que la deuda se hizo más grande aún.” El sector no cortó el servicio porque se trata de un convenio nacional y la decisión corresponde a las entidades federales, pero el reclamo fue unánime en todo el país.
La representante sectorial también alertó sobre otro frente de tormenta: la posible desregulación del mercado farmacéutico que se trataría en el Congreso Nacional a fin de mes. La propuesta implicaría reducir el control del ANMAT sobre los medicamentos genéricos e incluso habilitar importaciones sin supervisión estricta, además de permitir la venta de fármacos en supermercados, drugstores y por delivery. “Traemos de China, de India, de donde sea, no controlamos, y la realidad nos golpea todos los días: la falsificación, el mal uso, el descontrol provocan muertes“, señaló con alarma.
Carrasco invocó el caso del Propofol y otros medicamentos adulterados que costaron vidas en el pasado como ejemplo concreto de lo que ocurre cuando se relajan los controles sanitarios. “Un paciente que toma un medicamento no certificado por ANMAT no sabe lo que está tomando, si tiene la dosis adecuada, si el excipiente es el correcto”, explicó. Y amplió el espectro de riesgos: automedicación en embarazadas, teratogenia, internaciones sin causa aparente. “Lo vamos a sufrir cuando comiencen a explotar los casos”, anticipó.
Lejos de oponerse a cualquier cambio, la farmacéutica salteña pidió racionalidad: “Si hay que regular, siéntense y regulen. Siéntense y controlen.” Reconoció que algunos medicamentos son más caros en Argentina que en países vecinos, pero rechazó la apertura indiscriminada como solución. Su propuesta apunta a tres ejes: que el Estado cumpla sus compromisos de pago, que establezca regulaciones adecuadas y que flexibilice la carga impositiva sobre el sector. “Lo que se va a ahorrar por un lado, capaz lo va a gastar la misma salud pública por el otro —sintetizó—. Y lo peor de todo: el precio es la vida.”
