A partir de este sábado entra en vigencia la ley 27.801, que baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad penal y prevé penas de hasta 15 años de cárcel.
La jueza de Menores de Salta, María Tatiana Dip Torres, explicó los alcances de la norma y admitió que el verdadero desafío recién comenzará: “Ojalá que estemos a la altura de las circunstancias, que esta ley venga a poner un marco de mayores garantías y derechos para los adolescentes de la provincia y de todo el país”.
La ley 27.801 reemplaza a la vieja ley de minoridad, la 22.278 sancionada en 1980, y establece que los adolescentes de entre 14 y 18 años podrán ser imputados por cualquier delito, con sanciones que van desde amonestaciones hasta condenas de hasta 15 años de prisión.
Una ley que “no deja nada afuera”
Torres explicó que la norma no solo modifica la edad de punibilidad, sino que cambia de raíz el criterio de ingreso al sistema judicial. Hasta ahora, muchos episodios protagonizados por menores quedaban resueltos en el ámbito escolar o familiar por no constituir delitos considerados graves. Eso se termina: “Ahora entran todos los delitos. El chico de 14 años que comete una amenaza se judicializa”, advirtió la magistrada, en una de las definiciones más contundentes de la entrevista.
La jueza detalló que las sanciones dependerán de la gravedad del hecho, la conducta del adolescente, el acompañamiento familiar y la participación de la comunidad. Como principio general, resumió: “Delitos leves, sanciones leves, delitos graves, sanciones más graves“. Entre las medidas previstas figuran la reparación del daño, la amonestación, la suspensión del proceso y distintos mecanismos de justicia restaurativa, como la mediación, la conciliación o el pedido de disculpas a la víctima.
Infraestructura, recursos y la sombra del ajuste nacional
Consultada sobre si Salta está en condiciones de afrontar la implementación, Torres aseguró que desde febrero la Corte de Justicia trabaja junto al Ejecutivo provincial y nacional para reforzar los centros de alojamiento —Castañares, el Tránsito, el semiabierto de Cerrillos, y dispositivos en Tartagal, Orán y Metán— y para conformar equipos multidisciplinarios que acompañen los procesos. “Vamos a poner a prueba todo lo que hicimos estos meses y lo que habrá que cambiar se cambiará“, planteó.
Sobre el financiamiento nacional, la jueza fue cauta pero dejó una definición que roza lo político: dijo no poder asegurar si Nación giró o no los recursos comprometidos a las provincias, y enmarcó la duda en un diagnóstico más amplio: “Nación está, hace mucho tiempo, manifestando esto de que no hay partida presupuestaria para absolutamente nada, hay recorte total en los recursos, tanto humanos como tecnológicos y herramientas de trabajo”. Destacó, en contraste, el esfuerzo del Poder Judicial provincial para evitar que el sistema “colapse” apenas entre en vigencia la norma.
La responsabilidad de los padres y el límite del Estado
La entrevista también abordó un punto sensible: la responsabilidad económica de madres, padres o tutores frente a los daños causados por sus hijos. Torres precisó que esa obligación aplica sobre todo en delitos contra la propiedad —robos, daños— resueltos por vías alternativas como la mediación, y no alcanza a las familias que atraviesan situaciones de consumo problemático sin haber podido acceder a ayuda estatal. En esos casos, remarcó, “no tiene que ver con una sanción pecuniaria”, sino con otro tipo de abordaje y asistencia que el Estado les debe a esos padres.
Lo que viene
La jueza adelantó que recién con el correr de los meses podrá evaluarse el verdadero impacto de la reforma sobre un sistema que, según explicó, venía trabajando con relativamente pocos adolescentes privados de su libertad y con un fuerte programa de abordaje territorial. El interrogante de fondo, señaló, es si esa estructura resistirá el ingreso masivo de causas que antes no llegaban a la Justicia. “Eso lo vamos a poder saber solamente cuando veamos los números con los que contamos. Adelantarlo sería un error”, cerró.
