“Cuando el presidente me dice que estamos bien, estamos muy mal”, la morosidad afecta a municipios, hospitales y familias, y cuestionó sin eufemismos el discurso oficial sobre el ajuste.
El Dr. Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de la provincia de Salta, brindó un diagnóstico sobre la situación económica de los usuarios, los municipios y el propio Estado provincial, lejos de limitarse a explicar el incremento tarifario del 1,6% en la factura de luz de abril, Saravia expresó que es un discurso del superávit y advirtió que la morosidad toca a todos los eslabones de la cadena.
El incremento responde a los ajustes mensuales y se calculan en base al índice de precios al consumidor del INDEC. El 1,6% total se divide en dos componentes: un 1,2% que va al componente de distribución y un 0,4% correspondiente al precio de la energía, que maneja la Nación.
“A esto hay que sumarle los tributos. El IVA promedio es del 19% y el ingreso bruto provincial del 3,6%. Quienes no declaran correctamente su situación fiscal o ejercen actividades comerciales en informalidad ven agravada considerablemente su factura”, precisó el funcionario.
El promedio general de deuda en los usuarios residenciales es de 1,7 facturas impagas —casi el límite para el corte—, pero hay casos extremos: el municipio de Santa Victoria Este, el promedio asciende a 12 facturas, es decir, más de un año sin pagar. Entre los usuarios del sistema de energía solar, el 40% acumula más de tres años de deuda.
El Estado no escapa a este panorama, el Hospital Materno Infantil adeuda cerca de 650 millones de pesos. Municipios del interior acumulan entre 8 y 19 facturas impagas. Villa de Cañas encabeza el listado con 19 meses de deuda. La coparticipación cayó un 7,5% en el último mes, comprometiendo aún más las finanzas comunales. “Los municipios que no tienen sus tributos incorporados a la boleta de luz son los que más deben”, subrayó.
Ante este cuadro, el regulador dispuso planes de pago de hasta 6 cuotas con tasa pasiva, y 3 cuotas sin interés, además de proteger de los cortes a hospitales, escuelas, cárceles y dependencias de seguridad.
Respecto al mito instalado de que Salta tiene la tarifa más cara del país, el presidente del Ente fue categórico: según la consultora de la UBA, la provincia se ubica entre la séptima y octava posición en el ranking nacional —con o sin subsidio—. Las más baratas son Edenor y Edesur, distribuidoras que recibieron una condonación de 180 mil millones de pesos en deuda con CAMESA. “Así es fácil tener tarifa baja”, ironizó.
En el tramo final de la entrevista, Saravia no escatimó críticas al discurso macroeconómico del gobierno nacional. Señaló que la obra pública eléctrica en Salta está paralizada, que la coparticipación cae y que algunos municipios perdieron entre el 20% y el 40% de sus transferencias. “La sábana está corta y no alcanza. La gente debe todo, no me concentraría solo en servicios. Y esto es porque cuando el presidente me dice que estamos bien, estamos muy mal“, afirmó.
La provincia cuenta con subsidios para unas 106.000 familias en zonas de calor extremo —con descuentos del 30% al 50%—, tarifa social para 132.000 hogares y más de 22.000 usuarios con subsidio del 60% al 100%. “Seguimos asistiendo con lo que podemos”.
