Remigia Cáceres, secretaria nacional de Discapacidad de la CTA, denunció sobrefacturación, recortes de prestaciones y la desfinanciación del sistema de discapacidad bajo la gestión de Milei.
“Hay miles de personas con discapacidad recluidas en su casa porque no tienen silla de ruedas, porque les falta el ajuste razonable para poder andar, para ir a estudiar, para trabajar. El ajuste, la motosierra, la licuadora, como quieran llamarlo, está cayendo sobre ellos brutalmente.”
El reciente escándalo que vincula al entorno presidencial con una red de sobrefacturación en insumos para personas con discapacidad —con sobreprecios de hasta el 4.000% en elementos como sillas de ruedas y bastones— volvió a poner en el centro del debate la situación de uno de los sectores más vulnerables de la Argentina. Empresas como Farmasalud, Ortopedia Bernal, Cirugía y Ortopedia Imnova, Bymax Medical y Expo Trauma figuran entre las firmas señaladas por haberse beneficiado de este esquema.
Para Remigia Cáceres, la indignación es doble: mientras se pagaban fortunas por insumos que nunca llegaron a destino, el Estado avanza en un desmantelamiento sistemático de todos los derechos conquistados por este colectivo. “Si hubo compras, tampoco se los está viendo. Hay muchas personas con discapacidad que están pidiendo un bastón, una silla de ruedas, un equipo para que una persona sorda o con discapacidad visual pueda transitar libremente y no les llega”.
La secretaria de la CTA trazó un cuadro demoledor de la situación actual: pensiones congeladas desde hace más de dos años que no superan los 300.000 pesos, recortes en medicación en hospitales públicos, cierre de prestaciones de psicología, psicopedagogía y transporte, y baja de beneficiarios a quienes se les exige demostrar su condición de discapacidad como si fuera algo nuevo —incluso a quienes tienen síndrome de Down desde hace décadas.
Uno de los golpes más severos fue la transformación del ANDIS —Agencia Nacional de Discapacidad— en una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. “Perdimos todos los derechos. Las personas con discapacidad que antes iban a hacer deporte o algún tipo de terapia ya no lo pueden hacer. Se los están cerrando las puertas, les están pidiendo muchos papeles”, denunció Cáceres, quien también es persona con discapacidad.
Cáceres no esquivó el debate sobre los discursos que criminalizan a los beneficiarios del sistema. “Yo no sé en qué cabeza cabe que una persona con discapacidad deba hacerse pasar por una discapacidad, sabiendo todas las barreras sociales que ya tenemos”, respondió ante las narrativas oficiales que presentaron radiografías supuestamente falsas como prueba de fraude masivo, mientras el 3% que se habría repartido dentro del entorno presidencial permanece sin condena.
La dirigente también cuestionó el argumento oficial de que en Argentina “no hubo guerra” para justificar el número de personas con discapacidad. “Los rapis que andan en bicicleta, los trabajos insalubres, los accidentes, los nacimientos con alguna condición: no es necesaria una guerra. Ya en el censo de 2010 había más de 5 millones de personas con discapacidad”, señaló.
Desde la CTA agotaron todas las instancias institucionales para que prospere la ley de emergencia en discapacidad: se logró su sanción tras movilizaciones en las que los manifestantes recibieron golpes y represión, pero el gobierno la dilató con maniobras que la fueron vaciando de contenido. “No cumplen la ley. La única instancia es la calle, visibilizar, porque con esta gente no se puede jugar”, concluyó Cáceres.
Antes de despedirse, la dirigente nacional realizó un llamado a los medios de comunicación: “Colaborar con estas entrevistas, socializar con otra gente y visibilizar la problemática. Hay que explotar las redes sociales con todas las verdades que están pasando.”
