El corazón de la reforma es la eliminación de los topes que hoy limitan la propiedad extranjera del suelo rural Argentino —hoy un máximo del 15% del territorio a nivel nacional, provincial y municipal, con no más de 1.000 hectáreas en zona núcleo por titular extranjero— junto con el desmantelamiento de los controles sobre testaferros y sociedades offshore que hasta ahora obligaban, al menos en el papel, a saber quién compra.
Hace un tiempo cacotado un juicio en Río Negro destapó cómo un empresario compró casi 20.000 hectáreas patagónicas con fondos de Emiratos Árabes Unidos.
Esta reforma con nombre de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», está diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que tras un cuarto intermedio y quince modificaciones sin consenso, va nuevamente a la carga este 6 de agosto
¿Cuánto vale un glaciar, un río y un bosque nativo en la Patagonia argentina? En un juicio oral en Río Negro, la respuesta quedó fijada en 106 dólares la hectárea: eso fue lo que pagó un empresario por casi 20.000 hectáreas en plena zona de seguridad de frontera, con fondos donados por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos. La confesión, hecha bajo juramento, salió a la luz porque ese mismo empresario había denunciado por usurpación a una comunidad mapuche que pastaba su ganado donde siempre lo hizo; la Justicia terminó absolviendo a la comunidad. Lo que quedó expuesto es el mecanismo exacto que la reforma a la Ley de Tierras Rurales busca legalizar: sociedades pantalla, donaciones de Estados extranjeros y el remate de los recursos más estratégicos del país.
Los números ya son elocuentes incluso con la ley vigente: 13 millones de hectáreas —casi el 5% del territorio nacional, una superficie equivalente a Inglaterra— están hoy en manos extranjeras, según el Observatorio de Tierras de la UBA y el Conicet.
Claro ejemplo de ello es el británico Joe Lewis ya mostró, con Lago Escondido, lo que significa que un solo propietario extranjero termine controlando un ecosistema entero, incluido el acceso a un lago público.
El agua y la frontera son el botín con zonas de seguridad y las cuencas hídricas estratégicas, desde el Acuífero Guaraní hasta la cordillera. Flexibilizar la compra de estas tierras significa entregar, al mismo tiempo, la soberanía nacional y el control sobre el agua dulce del futuro. En un siglo donde este recurso valdrá más que el petróleo, discutir el tema como un simple «clima de negocios» es una claudicación deliberada.
La Patagonia se volvió tan codiciada este año, con la llegada de Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, que se instaló en Buenos Aires y se reunió con el presidente Milei y con el ministro de Economía, y su fondo de capital pensando en alimentar centros de datos de inteligencia artificial. OpenAI, por ejemplo, evalúa instalar en la Patagonia un centro de datos de 25.000 millones de dólares ya que la IA exige cantidades industriales de agua para refrigeración, y la Patagonia ofrece exactamente esa combinación —agua dulce, frío natural, baja densidad poblacional— en un mundo donde empieza a escasear. La ex jefa del Comando Sur de Estados Unidos lo planteó sin rodeos ante el Congreso norteamericano: litio, agua dulce, tierras raras y frío extremo son, para Washington, recursos estratégicos del hemisferio.
Otra problemática de esta ley de Inviolabilidad d ela propiedd es según el relator especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Koldo Casla, los desalojos exprés incluidos en el mismo paquete, junto con la reforma al régimen de expropiaciones, podrían vulnerar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Ley de Tierras, además, no actúa sola. El mismo año en que se discute esta reforma, el país blindó las grandes inversiones a treinta años con el RIGI, convirtió a Vaca Muerta en una plataforma que exporta el cien por ciento de lo que extrae, y mantuvo intacto el vacío legal que exime a las sociedades anónimas de declarar quién es su dueño final. Son piezas de una misma arquitectura, no medidas sueltas.
En esta semana la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, visitó Vaca Muerta junto al ministro de Economía y el presidente de YPF, y calificó el yacimiento como una muestra del «brillante futuro energético de Argentina». No es una metáfora: los medios ya la describen como «la usina de dólares» con la que el país espera pagar su deuda externa. Ese mismo mes, el petróleo crudo desplazó por primera vez a la soja y al maíz como principal producto de exportación argentino, según datos oficiales del INDEC.
La pregunta ahora subyace ¿Esa inversión va a tener límites y controles, o el país va a resignar la capacidad de decidir sobre su propio territorio? Esa es la pregunta que el debate legislativo debería poner en el centro. Si se resigna el control sobre la tierra, no se está firmando un contrato comercial: se está hipotecando la soberanía de las próximas décadas.
F: https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/la-legalizacion-del-saqueo-las-claves-de-la-reforma-de-la-ley-de-tierras/
