La abogada Verónica Huber, especialista en derecho indígena, que el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada” que impulsa el Gobierno nacional habilita en realidad la extranjerización de tierras y pone en riesgo la soberanía sobre recursos estratégicos como el agua y las tierras de frontera.
La abogada cuestionó con dureza el proyecto de ley que el Gobierno nacional impulsa bajo el título de “inviolabilidad de la propiedad privada“, sostuvo que la iniciativa no protege nada que la Constitución Nacional no garantice ya, sino que constituye, en sus palabras, una norma de extranjerización de tierras que compromete la soberanía del país.
El proyecto busca asegurarle a capitales extranjeros la posibilidad de adquirir tierras sin límites a lo largo y ancho del país, en condiciones que —según explicó— contradicen la estructura jurídica argentina y los derechos de propiedad de la mayoría de los ciudadanos.
Huber explicó que la legislación vigente establece un límite del 15% para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, un tope que hoy ya se incumple en varias provincias y municipios del país, entre ellos los Valles Calchaquíes salteños, donde —según detalló— existe una fuerte presencia de comunidades indígenas.
Según describió, el mecanismo se repite mediante sociedades locales que encubren controlantes extranjeros: se constituye una empresa argentina, pero quien la maneja y controla es, en los hechos, un actor foráneo. Para la entrevistada, la nueva ley no vendría a corregir esas irregularidades sino a “lavar” o regularizar situaciones hoy ilegales, sin sanción alguna para quienes las llevaron adelante.
Uno de los puntos que más preocupa a la especialista es el manejo de recursos estratégicos. Citó el caso de accesos al agua bloqueados desde hace años en el sur del país pese a la obligación legal de garantizar ese acceso, y advirtió que la ley permitiría adquirir espacios para restringir el uso de cursos de agua por parte del resto de la población. “Nuestro país está cediendo la administración de esos recursos de manera ya vergonzosa”, sostuvo, y remarcó que, al ser los recursos naturales de jurisdicción provincial desde la reforma constitucional, son las propias provincias las que estarían resignando soberanía.
Huber dedicó buena parte de la entrevista a explicar el impacto sobre las comunidades indígenas, cuya posesión de las tierras —remarcó— es en muchos casos ancestral, anterior a cualquier título registral. Advirtió que el proyecto avanza sobre la reserva provincial de dictar sus propios códigos de procedimiento al pretender imponer un régimen de desalojo exprés que no garantizaría el derecho de defensa ni la posibilidad de acreditar la posesión.
“Pretenden desbaratar esa posesión de cientos de años en el lugar con un desalojo exprés, que ni siquiera garantiza derecho de defensa”, sostuvo, y dijo que el Estado argentino mantiene una deuda pendiente: regularizar los títulos de las comunidades originarias antes de habilitar la venta de esas mismas tierras a inversores extranjeros.
La abogada también puso el foco en las tierras de frontera, sobre las que —recordó— rige desde siempre una restricción para su adquisición por parte de extranjeros, en tanto funcionan como resguardo de los límites nacionales. Mencionó el conflicto limítrofe con Chile de 1978 por la disputa en torno a la línea de las altas cumbres y la divisoria de aguas, y advirtió sobre los riesgos de perder el control estatal en esas zonas, tomando como referencia situaciones de connivencia entre titulares registrales de ambos lados de una frontera que facilitan el contrabando.
En ese contexto, vinculó el debate legislativo con el reclamo de soberanía por Malvinas expresado tras el Mundial: “Si estamos de acuerdo, y lo estamos, en que las Malvinas son argentinas, el resto del territorio también. No se puede entregar. Estamos entregando soberanía”.
Consultada sobre el trasfondo del proyecto, Huber lo enmarcó en una tendencia internacional que definió como un “moderno feudalismo”, protagonizado ya no por señores feudales sino por grandes magnates tecnológicos y financieros que operan por fuera del control de los Estados nacionales. Citó como antecedente el conflicto de Twitter con la Justicia de Brasil y advirtió sobre el impacto ambiental de la instalación de centros de datos vinculados a la megaminería y a esquemas como el RIGI.
La entrevistada llamó a rechazar la aprobación de la norma, prevista para el 6 de agosto, y cerró con una crítica a la reciente visita de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, vinculada al proyecto Vaca Muerta: cuestionó que, mientras se prioriza el pago de la deuda externa, “en casa se mueran de hambre”.
