“No existe ningún argumento sanitario ni científico que justifique lo que está pretendiendo el gobierno, porque esto es favorecer a la industria para que siga dañando la salud pública.”
Mirta Machuca, Licenciada en Nutrición advirtió con firmeza que el proyecto del gobierno nacional para derogar la Ley 27.642 de Promoción de Alimentación Saludable —conocida por su sistema de etiquetado frontal con octógonos— no tiene ningún sustento sanitario ni científico, y que su único beneficiario real sería la industria alimentaria ultraprocesada.
Recordó que la ley fue el resultado de años de trabajo colectivo de organizaciones como la Federación Interamericana del Corazón, la Fundación Sanar, Fundex, Fagran y la Federación de Nutricionistas del País, y que fue reconocida por la Organización Panamericana de la Salud como una de las mejores normativas de la región.
La nutricionista fue categórica al rechazar el argumento oficial de que los octógonos confunden a los consumidores. Citó estudios de UNICEF que demuestran cambios positivos en la percepción de los usuarios: antes de la ley, muchas personas consideraban saludables productos que, en realidad, contenían sustancias nocivas. Tras la implementación del etiquetado, esa percepción errónea se redujo considerablemente.
“La ley no es prohibitiva. Cada uno decide qué hacer, pero con información clara y honesta”, subrayó Machuca. La norma también apuntaba a prohibir la publicidad de ultraprocesados dirigida a la infancia, promover entornos escolares saludables y regular estrategias de marketing que, por ejemplo, usaban personajes animados para hacer creer a los niños que ciertos productos altamente azucarados eran ideales para su desayuno.
Machuca vinculó directamente la posible derogación con la orientación ideológica del gobierno de Javier Milei: la desregulación del mercado por encima del derecho ciudadano a la información. Para la profesional, el costo económico que invocan las empresas para justificar la eliminación del etiquetado es un argumento falso: ninguna compañía alimentaria quebró por colocar los octógonos en sus productos.
La especialista también señaló el enorme costo sanitario y económico que implica ignorar estas alertas: la epidemia de obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes y otras enfermedades no transmisibles que se disparan cuando la población consume ultraprocesados sin información adecuada representan una carga crítica para el sistema de salud pública.
Ya jubilada, Machuca no dudó en ponerse al frente de la defensa de la ley no solo desde su rol profesional, sino como ciudadana. Convocó a la población en general a sumarse a esa defensa: “Hay que defender nuestro derecho a una información clara y defender nuestra salud. Defender algo que se consiguió y que es bueno”.
La ley 27.642, cuyo número Machuca recitó de memoria como señal de apropiación colectiva, es para ella mucho más que una norma técnica: es un sistema de protección inmediata, un instrumento educativo y un símbolo del derecho de todos los argentinos a saber qué ponen en su boca.
