Salta es Antiderecho, no pro vida

Feministas denuncian que la provincia incumple la ley del aborto, compra medicamentos obsoletos y aplica una decisión política para impedir el acceso a la IVE.“Quieren instalar en la narrativa que Salta es pro vida, por no decir antiderecho. Tienen que tomar cartas en el asunto con las y los nacidos vivos que en este momento no tienen garantizado una vida digna, ni salud, ni educación”, explico Sofía Fernández, referente del movimiento feminista
En el marco del Día de la Salud de las Mujeres, Fernández, referente del movimiento feminista de Salta, advirtió que la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo no se está cumpliendo en la provincia “en tiempo y forma”, y que ya se registran consecuencias sanitarias directas. “Ya están llegando a los hospitales y centros de salud mujeres con infecciones”, alertó.
Fernández fue categórica al afirmar que la situación no responde a una escasez de recursos sino a una decisión de gobierno: “Tenemos los depósitos llenos de aspiración manual endouterina (AMEO), médicas y médicos preparados, y no se utilizan. No es solamente la falta de medicación, es una decisión política de la provincia para que no se hagan abortos en tiempo y forma”.
La referente feminista denunció que la provincia de Salta no sólo no adquiere misoprostol —el fármaco indicado para la IVE según los estándares internacionales— sino que tampoco gestiona su envío desde la Nación. En su lugar, se compra Oxaprof, un medicamento que ya no se utiliza para estos procedimientos y que no está recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
La consecuencia práctica es que las mujeres que requieren la práctica son derivadas a legrados quirúrgicos, una intervención más costosa, más invasiva y que, además, requiere esperar hasta el tercer trimestre. “Si nos van a llevar a un legrado, ¿para qué nos hacen esperar tanto tiempo si eso impacta nuestra salud psicológica? Es una manera de disciplinamiento espantoso hacia las mujeres”, afirmó.
El panorama en salud sexual y reproductiva se extiende más allá del aborto. Fernández reveló que la última compra provincial de preservativos fue de apenas 135 unidades, y que hace dos años hay faltantes sistemáticos. El correlato directo, según la referente, es el aumento de casos de sífilis en los centros de salud. “Vemos cómo la sífilis se incrementó por el no uso del preservativo. Y quizás es una costumbre porque no puedo comprarlo: está carísimo”, explicó.
El desfinanciamiento también se expresa en la transferencia de responsabilidades: el plan Etnia ahora delega en adolescentes de secundaria la tarea de hacer campaña de derechos sexuales y reproductivos, una función que corresponde al Estado.
El detonante inmediato de la movilización fue la inclusión en la reforma de la Carta Orgánica Municipal de una cláusula que reconoce la vida desde la concepción, impulsada por sectores pro vida. Fernández advirtió que, aunque pueda parecer meramente declarativa, la narrativa tiene efectos concretos: “La gente termina pensando que el aborto no es legal y ya ni va al hospital porque cree que no tiene solución o porque sabe que será maltratada. Esas cuestiones importan un montón, ya están importando”.
La referenta fue crítica hacia el gobierno nacional: “Libertad en lo económico nada más, porque después en la libertad de elegir, en las elecciones sexuales, en la posibilidad de hacerse una interrupción voluntaria del embarazo, parece que eso está mal. Algunas libertades sí y otras libertades no.”
El movimiento feminista salteño anunció un calendario de acciones: nueva presencia en el Concejo Deliberante el 29 de mayo a las 15 horas, concentración el 3 de junio en Ciudad Judicial con la consigna “Ni Una Menos” y cierre en la Plaza 9 de Julio con intervenciones artísticas frente a la Legislatura Provincial. Fernández fue contundente al referirse a las condiciones en que se desarrollan las marchas: “Nos sacaron a empujones, pero los violadores entran. Vamos a estar en todos los lugares que tenemos que estar.”