El Defensor del Pueblo de Salta, Federico Núñez Burgos, cuestionó la eliminación de la zona fría para la capital salteña y denunció que la nueva canasta energética impone trámites innecesarios para acceder a un beneficio que los propios ciudadanos ya financian con el 7,5% de sus facturas de gas.
El proyecto que elimina la zona fría para Salta Capital ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y aguarda resolución en el Senado. Para el Defensor del Pueblo, la medida no es un ajuste técnico sino la quita de un derecho consolidado. “Las leyes no pueden ser para perjudicar a la gente, no pueden ser en desmedro de la situación actual“, advirtió Núñez Burgos, quien adelantó que la Defensoría realizará las presentaciones correspondientes una vez que el Senado defina la norma.
El funcionario recordó que la inclusión de Salta en el régimen de zona fría no fue un capricho político sino el resultado de presentaciones técnicas de la propia Defensoría, fundamentadas en las amplitudes térmicas de la provincia y que abarcaron no sólo la Puna sino también los valles. Esa conquista, lograda a lo largo de varias gestiones, es la que ahora el Gobierno Nacional propone deshacer.
El Gobierno Nacional prometió compensar la quita a través de la denominada canasta energética, pero Núñez Burgos fue terminante: “Lo veo muy verde su aplicación”. El antecedente más cercano no es alentador: las modificaciones al esquema de subsidios eléctricos dejaron más perjudicados que beneficiados. Además, el mecanismo de compensación obliga a los usuarios a inscribirse en una plataforma digital para acceder al beneficio, una exigencia que el Defensor considera absurda.
El argumento es contundente: el Estado ya posee todos los datos necesarios para determinar quién merece el beneficio. Composición del grupo familiar, niveles de ingresos, gastos en tarjetas de crédito, domicilio fiscal: toda esa información está disponible en ARCA, el Banco Central y el sistema de seguridad social. Obligar al ciudadano a completar formularios con datos que el propio Estado tiene es, según el Defensor, una carga burocrática injustificada que inevitablemente dejará afuera a los sectores más vulnerables.
Núñez Burgos alertó sobre un aspecto del debate que, a su criterio, quedó desdibujado en el Congreso: el destino del Fondo Fiduciario de Zona Fría. Todos los usuarios de gas natural del país —en Salta, Córdoba, Buenos Aires, Tucumán o Río Negro— pagan actualmente el 7,5% de su factura para financiar ese fondo. Es decir, el subsidio de zona fría no representa un gasto adicional para el Estado: lo pagan los propios ciudadanos.
El problema es doble. Por un lado, el Gobierno Nacional pretendía elevar ese porcentaje del 7,5% al 11,5%. Por el otro, si Salta Capital queda fuera del beneficio, sus vecinos seguirán pagando el cargo en la factura pero sin recibir compensación alguna. “¿A dónde va a parar ese dinero?”, preguntó el Defensor. La respuesta, hasta ahora, no existe.
Más allá de la discusión sobre zona fría, Núñez Burgos usó la entrevista para hacer una afirmación de fondo: tres años de desregulación tarifaria no mejoraron la prestación de los servicios. Las empresas privadas no ampliaron la red de gas natural, no mejoraron el transporte, y el ente regulador de servicios públicos quedó sin herramientas frente a compañías como Trasnova. “El mercado solo no lo equilibra. Necesita sí o sí de un Estado que ordene, que reoriente, que determine el horizonte de inversiones”, sostuvo.
La paradoja es que quienes más sufren la quita de zona fría son los que menos gas natural tienen: en Salta Capital existen grandes déficit de cobertura y miles de familias se abastecen con garrafas. La garrafa subsidiada —la “garrafa solidaria” que se distribuye en los barrios— ya no es un esfuerzo nacional sino exclusivamente provincial, otro costo que el gobierno de Gustavo Sáenz asumió ante el retiro del Estado federal.
Deudas, tarjetas y el tobogán económico de las familias salteñas
Consultado sobre las consultas más frecuentes en la Defensoría, Núñez Burgos trazó un diagnóstico severo de la situación social. Entre febrero y abril, el reordenamiento tarifario tras la eliminación de los subsidios nacionales generó una avalancha de reclamos. Pero desde marzo, el problema dominante es otro: el endeudamiento por tarjetas de crédito.
“Muchas familias están usando la tarjeta para comprar alimentos y pagar el supermercado”, describió el Defensor. Cuando llega el momento de refinanciar, los bancos aplican tasas que rondan el 90% anual. “Es un abuso por parte de los bancos”, dijo sin rodeos. La Defensoría intervino en numerosos casos y, reconoció, en general los bancos respondieron con quitas de intereses y planes de pago. Pero el daño estructural sobre los hogares salteños ya está hecho.
Núñez Burgos también se refirió a la situación institucional del cargo que ocupa. El concurso para designar al próximo Defensor del Pueblo de Salta —con 16 postulantes en esta segunda instancia, tras una primera convocatoria con más de 22 inscriptos— está siendo analizado por la comisión del Concejo Deliberante, que debe elevar una terna al pleno para la decisión final. El funcionario confirmó que presentó su candidatura para la renovación y se mostró sereno frente al proceso. Destacó que durante su gestión la Defensoría incorporó mediadores certificados, estableció un sistema de atención itinerante por barrios y se integró a organismos internacionales como la Asociación Global del Ombudsman y la Asociación de Defensorías del Pueblo de América.
