“Es una alarma que no podemos mirar para otro lado. Todos los adultos —el Estado, los padres, las instituciones educativas— tenemos que hacerse cargo”.
Belén Carreras, Secretaria Letrada de Asesores de Incapaces N°5 del Ministerio Público de Salta, al revelar que la Fiscalía Penal Juvenil N°2 ya tiene abiertos al menos 35 causas por violencia y acoso escolar, en un contexto donde la violencia en las escuelas creció notoriamente en este año.
La violencia escolar en Salta tiene hoy una dimensión judicial concreta, hay al menos 35 causas vinculadas a hechos de bullying, ciberbullying y situaciones de violencia entre estudiantes. El dato lo aportó la doctora Belén Carreras, quien desde la Asesoría de Incapaces N°5 acompaña a niños y niñas en situaciones de vulneración de derechos.
El detonante inmediato fue la viralización en redes sociales de un “reto” que alentaba a los jóvenes a concurrir a sus escuelas con armas o a protagonizar actos de violencia. Carreras fue clara: quienes participan de ese tipo de desafíos pueden estar cometiendo un delito sin saberlo. La desinformación, reconoció, es parte del problema.
El Código Civil y Comercial establece que los padres son responsables por los daños que causen sus hijos menores de edad. Pero hay más: el martes pasado se publicó en el Boletín Oficial la modificación al Código Contravencional provincial, que incorpora sanciones específicas para los padres cuyos hijos cometan acoso escolar o ciberacoso. Las penas incluirín arresto y multas, cuya regulación detallada está pendiente de reglamentación.
Carreras subrayó que la escuela comparte la responsabilidad, pero el primer eslabón es el hogar: “Los principales responsables de la educación y de marcar límites a los hijos son los padres”. Y advirtió sobre un fenómeno preocupante: en lugar de acercarse a la institución para entender qué pasa con su hijo, muchos padres van a las escuelas a descargar su ira directamente contra los alumnos involucrados.
En septiembre próximo entra en vigencia la nueva ley penal juvenil, que baja la edad de punibilidad a los 14 años. Esto significa que los menores que cometan delitos —como portar un arma, que ya está tipificado— podrán ser imputados penalmente. El bullying en sí mismo no está tipificado como delito, pero Carreras fue enfática en que la distancia entre el acoso y un delito de lesiones es muy corta: “Desde un simple empújón o una intimidación a que haya lesiones, la línea es muy delgada”.
El Ministerio de Educación ya prohíbe el uso del celular dentro de los establecimientos escolares, pero el debate sobre cómo regular el acceso de los jóvenes a las redes sociales fuera del horario escolar sigue abierto. Carreras consideró que negarles el celular a los chicos es inviable, pero sí llamó a los padres a asumir ese rol activo: no usar la pantalla como herramienta para que el chico “no moleste”, sino establecer límites con acompañamiento.
La funcionaria también identificó las causas del aumento de violencia, la presión económica obliga a los adultos a pasar más horas fuera del hogar, lo que reduce el control y el cuidado de los hijos. A eso se suman posibles problemas de salud mental de los niños. “Puede ser multicausal y hay que abordar cada caso en concreto”, explicó.
El Ministerio Público Pupilar realiza talleres de capacitación sobre bullying, acoso escolar y ciberbullying dirigidos a docentes, directivos, padres y alumnos. Los directores de establecimientos educativos o los padres interesados pueden coordinarlo a través del área de prensa ( 3874530624) del Ministerio Público Pupilar, con las licenciadas Mariana Vidal y Laura. También pueden ingresar a la página de la Asesoría General de Incapaces de Salta, donde están los números de contacto disponibles.
