El abogado especialista en seguridad social Vicente Nazr Caputto analizó el reclamo semanal de jubilados y pensionados frente al Congreso, y advirtió que el haber mínimo no alcanza ni para cubrir la canasta básica alimentaria. Moratorias, bono congelado y la reforma previsional que impulsa el Gobierno para fin de año, bajo la lupa.
Todos los miércoles, jubilados y pensionados marchan hacia el Congreso de la Nación para reclamar por la actualización de sus haberes. Muchas veces esas manifestaciones terminan con represión. Para entender el trasfondo de ese reclamo sostenido, el abogado especialista en seguridad social Vicente Nazr Caputto, explicó que la problemática previsional es un arrastre histórico que atraviesa a todos los gobiernos.
Cuando una persona se jubila tras 30 años de aportes comienza cobrando el 60% de su último sueldo, pero ese porcentaje se va reduciendo con el paso de los años porque las actualizaciones (movilidad) siempre quedan por debajo de los aumentos salariales. Así, un jubilado con 10 o 15 años de antigüedad en el sistema puede terminar percibiendo apenas un 45% o 50% de aquel sueldo original.
El especialista precisó que, con el aumento de julio, el haber mínimo se ubicó en 412.000 pesos, que con el bono de 70.000 pesos —congelado desde marzo de 2024— llega a 481.000 pesos. Para agosto, el haber subirá a 489.000 pesos, un incremento de apenas 8.000 pesos mensuales. Ese monto queda muy por debajo de la canasta básica alimentaria, que ronda los 700.000 pesos. Haciendo números redondos
Consultado por la diferencia entre los distintos beneficios, Nazr Caputto señaló que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada durante el gobierno de Mauricio Macri, equivale al 80% del haber mínimo: en agosto quedará en 405.000 pesos, unos 84.000 pesos por debajo de la jubilación mínima. Más grave aún es la situación de las pensiones no contributivas por invalidez —hoy bajo la órbita de la Secretaría de Discapacidad—, que representan el 70% de una mínima y en agosto llegarán a 373.000 pesos.
El abogado repasó las dos moratorias vigentes. La 24.476 (“la vieja”), que permite comprar aportes desde los 18 años hasta 1993, es sensiblemente más barata: comprar 30 años de aportes puede costar apenas 20.000 pesos, aunque hoy ya casi nadie logra completar el período completo por esa vía. La 27.705 (“la nueva”), en cambio, es un plan de pago que habilita a cubrir aportes hasta marzo de 2012, accesible desde los 50 años para mujeres y los 55 para varones, pero mucho más onerosa: comprar 30 años puede costar entre 15 y 16 millones de pesos.
Según Nazr Caputto, el Gobierno negocia una reforma jubilatoria para fin de año que eliminaría las moratorias y avanzaría hacia un esquema de jubilación proporcional a los años efectivamente aportados, garantizando como piso el cobro de una PUAM.
Consultado sobre el reclamo de fondo de los jubilados por los años de aportes no reconocidos, el abogado fue contundente: “No es un regalo que hace el Estado, sino una recomposición, porque son años de que el Estado no se fijó de que las personas estén bien en blanco, que no castigó al empleador que tenía personas en negro.”
Consultado sobre el impacto de la caída de la natalidad y el envejecimiento poblacional en el financiamiento del sistema, Nazr Caputto sostuvo que se trata de una discusión que excede a la Argentina. A nivel internacional, indicó, la alternativa que más consenso genera es la instauración de una renta básica universal para adultos mayores: un monto igual para todos los beneficiarios, financiado con impuestos generales como el IVA, sin distinción de los años aportados por cada persona. Estimó que ese horizonte podría concretarse en una o dos décadas.
