Contadores contra la mesa política: “Dos abogados no son lo que pide la Constitución”, “Vamos a salir hoy a publicar nuestro desagrado, de una decisión que entendemos desacertada”, disparó el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, Daniel Cáseres.
La AGP -Auditoría General de la Provincia – es un organismo pensado para técnicos, no para abogados y la Legislatura salteña abrió un frente de conflicto con el ámbito profesional de las ciencias económicas al postular a los abogados Gustavo Ferraris y Miguel Nani como auditores.
La noticia sorprendió a Cáseres, quien recordó que el artículo 169 de la Constitución provincial define a la Auditoría General como un órgano interdisciplinario, integrado por profesionales de las ciencias económicas, las ciencias jurídicas y especialistas en administración financiera y auditoría, pero con una clara prevalencia de los primeros.
“Cuando nosotros escuchamos ayer que los postulantes son dos abogados, actualmente de los tres que hay, porque hay dos vacantes, dos son abogados, uno es contador, vamos a tener una composición mayoritaria de abogados, cuestión que entendemos no es el espíritu de las normas”, explicó Cáseres. Y agregó que, según la ley provincial 7601, deben prevalecer en el organismo quienes tengan formación en revisión presupuestaria y control de balances de organismos provinciales y municipales.
Otro de los puntos que generó malestar en el ámbito profesional es la repostulación de Gustavo Ferraris, pese a que la ley 7113 y la propia Constitución provincial establecen que los auditores no pueden ser reelectos. “Desconozco de qué manera postula un profesional que ya formó parte del mismo, quizás fundamentando una renuncia y no un cumplimiento del plazo; la parte técnica esa la desconozco”, señaló Cásres, quien confirmó que el Consejo Profesional presentará hoy una nota formal ante la Cámara de Diputados para manifestar su rechazo a la designación.
“No somos convocados”: el reclamo por participar en la selección reclamó que el Consejo y el Colegio de Ciencias Económicas debieran ser consultados antes de este tipo de designaciones. “Podemos tener la suerte de elegir entre varios postulantes, discutir sus capacidades, su currículum, y llegar a elegir el mejor. La designación ya fue tratada en la Comisión de Auditoría de la Cámara de Diputados y todavía debe pasar por el recinto y por el Senado, por lo que consideró que aún hay margen para que las entidades profesionales sean escuchadas.
Consultado sobre el estado actual del control público en la provincia, Cáseres advirtió que la Auditoría General trabaja con años de atraso: mientras en 2026 el organismo recién está revisando ejercicios de 2024. “Si un control lo hacés muy tarde, no te sirve de nada”, sostuvo, y explicó que las observaciones sobre errores presupuestarios o contables pierden sentido cuando llegan sobre períodos ya cerrados, incluso con cambios de gestión de por medio. Cáseres también se refirió a la exhaustiva revisión que la Auditoría lleva adelante sobre el Fondo de Reparación Histórica, un proceso que, dijo, el Consejo sigue de cerca y para el cual puso a disposición a sus profesionales.
