La presidenta del Círculo Médico de Salta y especialista en infectología, Adriana Falco, advirtió que las tasas de vacunación en niños cayeron dramáticamente tras la pandemia de COVID-19, impulsadas por la desinformación y los grupos antivacunas.
Ante los brotes de varicela, sarampión y gripe que sacuden la provincia, la doctora fue categórica: cuando los padres se niegan a vacunar a sus hijos, la justicia debe intervenir porque ninguna decisión ideológica puede estar por encima del derecho a la salud de un menor.
Salta vive una paradoja sanitaria: el Estado tiene las vacunas, el calendario existe, la ciencia acompaña, pero las enfermedades que deberían ser historia vuelven a llenar las salas de espera. La infectóloga no habla en abstracto cuando describe el fenómeno. Los números la respaldan: 137 casos de varicela confirmados en la provincia en plena temporada fuera de estación, brotes de sarampión en Argentina cuando el país estaba en vías de eliminación de esa enfermedad, y una gripe que circula entre quienes decidieron no vacunarse.
Falco identifica con precisión el quiebre histórico. Después del COVID, la vacuna terminó siendo la víctima colateral de la infodemia. A pesar de que salvó vidas y permitió cortar una pandemia sin precedentes, acumuló una mala fama que se derramó sobre todo el calendario de vacunación. Hoy, esa desconfianza se paga con brotes de varicela en adultos —grupo etario donde la enfermedad es más grave—, con casos de tos convulsa, con neumonías que podrían haberse evitado.
“La vacuna forma un escudo”, explicó la infectóloga ante los micrófonos de Hora 7. “Hay personas que no pueden vacunarse porque tienen sus defensas bajas. Pero si gran parte de la población —y los niños especialmente— está vacunada, ese escudo evita que la enfermedad ingrese y se disemine”. La inmunidad de rebaño, ese concepto que la pandemia popularizó, tiene hoy una cara concreta en los hospitales salteños.
El tema más políticamente sensible de la entrevista llegó cuando se abordaron los casos judiciales de padres que se niegan a vacunar a sus hijos. Falco no esquivó el debate. “La primera acción no es ir a la justicia, sino convencer a los padres”, aclaró. Pero fue igualmente firme en el límite: “La salud del niño está por encima de la decisión del padre, y ahí es donde la justicia tiene que intervenir y obligarlos”.
La doctora relató que en el Hospital Materno Infantil ya se registran situaciones de recién nacidos cuyos padres rechazan las vacunas, y que el protocolo incluye médicos, trabajo social y abogados del hospital actuando en conjunto antes de recurrir a la vía judicial. Una disputa que hasta hace pocos años parecía propia de otras latitudes y que hoy tiene epicentro en Salta.
Falco lanzó una alerta que trasciende lo sanitario y tiene dimensión geopolítica: México atraviesa su peor brote de sarampión en décadas, con casos también en Estados Unidos y Canadá. Argentina, que estaba en vías de eliminar la enfermedad, ya registra casos autóctonos en 2026. Con la gran concentración de personas que generará el Mundial de fútbol, la infectóloga anticipó que “va a ser un problema de salud” si la cobertura vacunal no se recupera a tiempo.
La segunda parte de la entrevista expuso otra fractura del sistema. El deterioro económico empuja a afiliados del IPS y de otras obras sociales a los hospitales públicos porque no pueden afrontar los coseguros del sector privado. Falco describió un sistema de salud en crisis estructural: honorarios médicos sin actualización real, débitos del IPS que escalaron de menos del 1% a pretensiones superiores al 20%, y una cadena de pagos que se estira de 60 a más de 90 días.
Sobre la posibilidad de un corte de servicios, la presidenta del Círculo Médico fue prudente pero explícita en las prioridades: “Asumimos la situación del corte de servicio, creemos que para la población es crítico”. Por ahora, el diálogo con el IPS continúa. El bisturí de la protesta, por el momento, se mantiene en la vaina.
