“Por un lado te eximo de hacer huelga, y por otro lado te doy la guita, la conducción de la CGT nacional canjeó el conflicto callejero por la cuota solidaria.
La justicia contencioso administrativa federal rechazó la medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Para el doctor Esteban Cabrini, abogado especialista en derecho laboral con más de dos décadas de trayectoria, para él el fallo no sorprende: es dogmático, políticamente funcional al oficialismo.
“Un juez contencioso administrativo no es juez laboral. Que sea él quien resuelva sobre derechos de trabajadores ya es, en sí mismo, el primer perjuicio de esta reforma”, el especialista explicó que trasladar la justicia nacional del trabajo al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires —donde no existen jueces especializados en materia laboral— equivale a privar a millones de trabajadores de su juez natural: una garantía de raíz constitucional.
Cabrini fue contundente: “No he encontrado un solo artículo que beneficie al trabajador. Todo el articulado es regresivo.” En ese sentido, señaló que la reforma no supera el estándar fijado por la Corte Suprema de Justicia en el principio de progresividad —consagrado en el fallo “ATE contra Municipalidad de Salta” de 2013—, según el cual toda medida regresiva en materia laboral debe estar plenamente justificada y no puede implicar un retroceso en los derechos ya conquistados.
Pero la crítica más dura de Cabrini estuvo dirigida a la conducción nacional de la CGT. Según el letrado, la central obrera negoció en silencio mientras aparentaba resistencia: en el tramo final del debate legislativo, el gobierno modificó el artículo que eliminaba la cuota solidaria —un aporte del 2% de la masa salarial que se cobra a todos los trabajadores, estén o no afiliados al gremio—, y la CGT dejó de pelear. “Les dieron la caja y les sacaron la herramienta de lucha. Ellos obtuvieron lo que querían”, resumió Cabrini con dureza. Para el abogado, la cautelar judicial fue apenas un gesto cosmético: “Sabían que iba a fracasar. Era muy fácil de rechazar.”
Desde ATE —sindicato al que pertenece—, Cabrini contrastó esa conducta con la de quienes siguen en la calle pese al contexto adverso: 75.000 despidos en el sector público nacional, miedo generalizado y una institucionalidad laboral que, según advierte, podría tardar diez años en repararse. “Los daños que está produciendo este gobierno con normativa inconstitucional son daños que no se van a reparar fácilmente”, sentenció.
El fallo de primera instancia puede ser apelado. Pero Cabrini es escéptico respecto de los tiempos de la justicia frente a la velocidad con que se aplica la ley. Mientras tanto, millones de trabajadores con jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires ya están siendo juzgados —o lo serán— por magistrados sin formación laboral específica. “Estamos volviendo un siglo atrás“, concluyó.
