“El primer efecto que llega sobre nuestro país es el aumento en los combustibles, y el rebote inflacionario sobre un bolsillo popular que está totalmente golpeado.”El Lic. José Castillo, economista, docente e investigador de la UBA, advirtió que las universidades nacionales atraviesan el conflicto salarial más grave de los últimos años: el salario docente acumula un retroceso del 75% en términos reales, mientras el Gobierno Nacional recorta un 50% las partidas presupuestarias a las casas de estudio. La situación derivó en un paro con proyección de nuevas medidas de fuerza.
Lo que más indigna a Castillo es la dimensión institucional del conflicto: el Congreso de la Nación votó dos veces una ley de financiamiento universitario, incluso con mayoría especial para superar el veto presidencial, pero el Poder Ejecutivo lisa y llanamente decidió no cumplirla. “Al estilo emperador: no lo voy a cumplir, listo”, describió el economista, quien calificó la actitud gubernamental de abierta violación constitucional. Ahora el Gobierno anuncia un nuevo proyecto para legalizar el ajuste, lo que las federaciones respondieron con la amenaza de paro por tiempo indeterminado.
El alza en los precios de los combustibles —la nafta súper ya roza los $1.900 en Salta Capital— Castillo fue contundente: antes de que cualquier exportación de petróleo genere algún beneficio para el país, el primer efecto visible es el aumento directo en surtidores y su consecuente cascada inflacionaria sobre el transporte, los alimentos y el consumo popular.
La paradoja argentina es que, teniendo gas y petróleo en Vaca Muerta suficientes para el autoabastecimiento, el país no cuenta con los gasoductos ni los oleoductos necesarios para distribuirlos. El Gobierno discontinuó las obras de infraestructura bajo el argumento de combatir la corrupción, pero sin garantizar continuidad a través de nuevos concesionarios. El resultado: al llegar el invierno, Argentina volverá a pagar gas importado a precio internacional. YPF, empresa de mayoría estatal, lejos de compensar esta situación, lidera los aumentos para alinearse con los valores del mercado externo.
Castillo desnudó el mecanismo con datos concretos: en enero pasado, el superávit comercial fue de 2.300 millones de dólares gracias a la cosecha de trigo. Pero ese mismo mes se pagaron 4.600 millones a acreedores privados, 800 millones de intereses al FMI, se fugaron más de 2.000 millones de dólares y el turismo emisivo generó un saldo deficitario adicional. El saldo fue fuertemente negativo. “Todo está financiando pagos de deuda, fugas de capitales o la fiesta importadora”, resumió el economista.
En materia de empleo, el panorama no es mejor. Los sectores que crecen en facturación —agroexportación, minería, intermediación financiera— no generan trabajo genuino: el agro creó apenas 3.583 puestos en el último año; el sector financiero perdió 5.000; la minería, 8.800. Mientras tanto, más de 80.000 puestos privados formales desaparecieron. Quienes los pierden se reconvierten en repartidores de aplicaciones o conductores de plataformas. “Si alguien quiere contar eso como trabajo genuino, que lo haga”, ironizó Castillo, “lo que expresa es un nivel de desastre”.
El economista cerró su análisis con una advertencia social: el crecimiento del desempleo es la principal fuente de desestructuración social y el origen de todos los males que la sociedad quiere evitar —inseguridad, narcotráfico, marginalidad—. Una crisis que, advierte, recién está empezando a golpear de lleno.

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El “Gobierno viola la Ley” y el “Pueblo paga la nafta”
By Hugo Veron16 marzo, 20260
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