El ingeniero en Machine Learning Carlos Miguens, “Si no hay una conciencia ética o moral, a las empresas lo único que les importa es ganar mucha plata. Por eso se cae el relato que dicen que el Estado no es necesario.”
El especialista, que trabaja en desarrollo de software desde 2003, fue consultado sobre los pedidos de regulación que las propias empresas de inteligencia artificial —OpenAI, Meta, Anthropic— le hacen a los gobiernos. Lejos de un escenario apocalíptico, Miguens fue categórico: “No es la inteligencia artificial lo que nos va a hacer daño, sino un ser humano que la utilice.”
La comparación con la energía atómica
Para explicar el momento actual, el ingeniero recurrió a un paralelismo histórico: la energía atómica, que en los años 50 tuvo que ser regulada y hoy conviven sus usos médicos, energéticos y militares. “Estamos avanzando a pasos agigantados y es exponencial: la velocidad no es constante, aumenta cada vez más sobre una velocidad que ya estaba aumentada”, describió.
En ese marco, consideró “correcto” que las grandes compañías pidan regulación externa, aunque puedan autorregularse: “La concepción de una empresa privada es ganar dinero. Si no hay un marco que la contenga, queda librado a la suerte.”
Agentes de IA: el salto que dispara la alarma
Miguens explicó que lo verdaderamente nuevo —y lo que motiva el pedido urgente de reglas— no son los sistemas expertos de hace décadas, sino los agentes: derivados de los LLM (Large Language Model, que se traduce como modelo de lenguaje grande) capaces de tomar acciones concretas, como acceder a una computadora, un celular, una agenda de viajes o una tarjeta de crédito sin intervención humana directa. “Le podés pedir que entre a una agencia de viajes, compare con tu agenda el día más económico o el de mejor clima, y te saque el pasaje. Es un beneficio, pero también hay alguien seleccionando hasta tus vacaciones”, graficó.
El Estado, entre el “analfabetismo” regulatorio y la necesidad de reglas
Consultado sobre por qué ni el Congreso ni el Senado argentino avanzan en una ley de IA —cuando ni siquiera existe una regulación consolidada para redes sociales—, Miguens no eludió el tema político de fondo. Comparó la discusión con el monopolio estatal de las armas: “En nuestro país el monopolio de las armas está del lado del Estado, y a mí eso me parece fantástico, para que no haya gente armada por la calle.” Con la misma lógica, sostuvo que una herramienta “más inteligente que el ser humano” y de doble uso —civil y militar— “es perfecto que sea regulada”.
Si las empresas se autorregulan, apelamos a la conciencia individual y no a un marco de trabajo en el que todos se tengan que inscribir.” Aun así, matizó que un “Estado que vigila todo” también le resulta “totalitario”, y que la clave es diferenciar en qué áreas —educación pública, uso de armas, IA— la presencia estatal es deseable.
Impacto ambiental, la otra cara olvidada
Antes de despedirse, Miguens distinguió dos frentes que rara vez se debaten juntos: el impacto directo de la IA sobre las personas —la “delegación cognitiva” y las decisiones sesgadas que puede inducir— y el impacto ambiental del consumo de recursos que exige esta tecnología, con consecuencias sobre la calidad de vida presente y futura de los territorios. “No sabría decirte en qué está el debate regulatorio en esto, pero son dos áreas bien diferenciadas que hay que abordar”, cerró.
