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Normas Sísmicas: “El marco legal está muy bien, está perfecto. Hay que ponerlo en práctica”

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Así lo advirtió el Ing. José Luis García, Gerente Técnico y Revisor de Normas Sismorresistentes del COPAIPA, al repasar una ley salteña que desde 2012 exige controlar la seguridad sísmica de los edificios anteriores a 1980 y que, ocho años después de haber sido promulgada, todavía espera ser reglamentada.

Los recientes sismos en Venezuela —con más de 6.400 muertos— y en Colombia, sumados a los movimientos telúricos sentidos este fin de semana en Salta, volvieron a poner sobre la mesa una pregunta que en la provincia se repite cada vez que tiembla: ¿están preparadas las construcciones salteñas para resistir un terremoto de magnitud?

El Ing. García expreso que el COPAIPA es el organismo encargado de verificar que cada proyecto de construcción en la provincia cumpla con la normativa sísmica vigente (ley provincial 5.556), que obliga a que toda construcción en la provincia tenga estructuras sismorresistentes según las normas del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). La entidad salteña en la única del país con esa responsabilidad delegada por ley. Solo Mendoza y San Juan realizan un control similar, aunque a través de los municipios.

El punto más delicado de la entrevista giró en torno a las viviendas construidas antes de 1980, que no fueron proyectadas bajo ninguna norma sismorresistente. Según García, existe una ley específica para atender ese problema: la 7.740, sancionada en 2012, que crea un sistema de verificación de condiciones de seguridad —sísmica, eléctrica y edilicia— en los edificios de uso público anteriores a esa fecha.

El ingeniero fue contundente al señalar que, pese a los años transcurridos, esa norma “lamentablemente hasta el día de la fecha no fue reglamentada ni puesta en vigencia”. Lo mismo ocurre, agregó, con la ley que obliga a los edificios de uso público a realizar simulacros de evacuación una vez al año: existe, pero no se aplica.

García recordó el terremoto de El Galpón de 2015 como un caso testigo: las construcciones posteriores a 1980 —viviendas del IPV, escuelas nuevas, el edificio municipal— resistieron sin daños, mientras que las edificaciones históricas, las medianeras de ladrillo sin refuerzo y una vivienda antigua donde falleció una persona por el desplome de parte del techo confirmaron los riesgos de no aplicar la normativa.

Qué hacer con las casas antiguas anteriores a 1980, el ingeniero explicó que cada estructura debe evaluarse en particular, pero que el punto crítico a reforzar es siempre la cubierta, ya que —según remarcó— la mayoría de las muertes en sismos se producen por el colapso de techos y no de paredes. Existen hoy tecnologías que permiten reforzar una estructura con intervenciones simples, como columnas metálicas, sin necesidad de dañar los cimientos o los muros originales.

Salta está clasificada como zona de peligrosidad sísmica 3 —un escalón por debajo de la zona 4, la más riesgosa, que corresponde a la región de Cuyo— y que las construcciones están calculadas para resistir un sismo de grado 7. Explicó además que la profundidad del epicentro es determinante: los sismos frecuentes mencionados por el especialista en Salta suelen producirse a gran profundidad, por eso resultan en general imperceptibles, algo que consideró positivo frente a la alternativa de una acumulación de energía sin liberar.

Ante la consulta sobre qué hacer durante un movimiento telúrico, el ingeniero fue preciso: quedarse quieto, tirarse al piso en posición fetal y esperar a que termine el sismo antes de evacuar, sin usar ascensores y evitando las escaleras durante el movimiento, ya que muchos accidentes se producen por intentar salir mientras la tierra todavía se mueve.

García insistió en un concepto que atravesó toda la entrevista: las normas sismorresistentes no buscan preservar los edificios, sino la vida humana. “El edificio podrá sufrir daños, lo que no puede es colapsar”, sintetizó, antes de reconocer que en Salta el marco normativo existe y está bien diseñado, pero que su aplicación efectiva —sobre todo en lo referido a las construcciones anteriores a 1980— sigue siendo una deuda pendiente.




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