“La caja nos agobia y no podemos pagar. Tampoco podemos trabajar”

“Si no aportan a la caja, no pueden ejercer la profesión; y si quieren aportar, no les alcanza el sueldo”, la crisis que atraviesa el sector por los aportes obligatorios a la Caja Previsional, creada hace apenas dos años. Más de 900 profesionales están en mora y un proyecto de ley busca desregular el sistema.Hace dos años, una ley provincial creó la Caja Previsional que agrupa a los licenciados en Trabajo Social y Nutrición de Salta, que desde entonces, el sector arrastra un peso económico que, ya se volvió insostenible. El ingreso promedio de un trabajador social ronda entre los 400.000 y los 750.000 pesos mensuales, mientras el aporte a la caja oscila entre 100.000 y 120.000 pesos, a lo que se suman dos aguinaldos anuales. Más del 10% del sueldo se va en un pago que ni siquiera está calculado según ingresos reales, sino según la edad del profesional, advirtió la Dra. Ana Inés Rosas, representante legal de los licenciados en Trabajo Social y Nutrición autoconvocados de Salta 
“Yo puedo haberme recibido ayer y pago exactamente lo mismo que alguien con veinte años de profesión”, la paradoja es brutal: quienes más necesitan crecer profesionalmente son quienes menos pueden soportar la carga. A diferencia de otras cajas —como la de abogados, donde el aporte sube con la antigüedad en el ejercicio—, aquí la edad biológica es el único criterio.
De los aproximadamente 1.200 profesionales que integran el padrón entre ambas disciplinas, solo 270 tienen sus aportes al día en la caja. El resto —más del 77%— acumula deudas que ya superan los dos millones de pesos por persona, tras casi dos años sin pagar. Ese número no es un problema de voluntad, sostiene Rosas: es el síntoma de un sistema mal diseñado.
La situación se agrava porque el incumplimiento no es solo contable: quien no paga pierde la matrícula y, con ella, el derecho a ejercer la profesión. La caja y el colegio están atados. Nutrición registró este año unas 25 bajas de matrícula voluntarias —cifra enorme para una carrera que suma apenas 5 o 6 egresados por año—, en su mayoría de profesionales que decidieron abandonar el rubro antes que enfrentar deudas impagables.
Ante la falta de respuestas, los autoconvocados convocaron en enero de este año a una mediación con 420 solicitantes —una de las más masivas registradas en Salta—. La caja concurrió, pero a los 15 días la cerró por decisión propia, sin evaluar siquiera las seis propuestas que el sector le había acercado para encontrar una salida conjunta. Entre ellas, la posibilidad de regularizar la deuda a través de planes de pago y, mientras tanto, preservar los derechos electorales de los afiliados morosos.
“Ninguna respuesta”, resumió Rosas con contundencia. El colegio de Nutrición acompañó las gestiones; el de Trabajo Social se mantuvo al margen. La comisión directiva actual de la caja es transitoria —designada al momento de crearse la ley— y recién en julio próximo se elegirán sus autoridades. Pero hay otro problema: para votar o postularse, hay que estar al día. Y casi nadie lo está.
La salida que impulsa el sector es un proyecto presentado por los senadores Enrique Cornejo y Pailler. La propuesta establece la desregulación de la caja: el aporte dejaría de ser obligatorio y pasaría a ser voluntario, depositándose en una cuenta individual de cada profesional, similar a un seguro de retiro. Quien pueda y quiera aportar, lo haría; quien no, quedaría igualmente habilitado para ejercer, ya que la matrícula en el colegio —pago aparte y de solo 15.000 pesos— se mantendría como único requisito obligatorio.
El proyecto ya fue expuesto ante la Comisión de Legislación del Senado, que también recibió a la caja y a los colegios. Todo indica que podría tratarse en la próxima sesión del jueves. El tiempo apremia: con deudas que ya superan los dos millones de pesos y la amenaza de ejecuciones judiciales, el sector espera que la política haga lo que la caja no quiso: escuchar.