La Justicia de EE.UU. obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF, la jueza Loretta Preska dio lugar a un pedido de los demandantes; el país no pagó una garantía.
La Justicia de los Estados Unidos ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera con mayoría estatal. El pedido sería como forma de pago por la sentencia en contra en primera instancia de US$16.000 millones que fijó la corte, en 2023.
La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, accedió a la solicitud de los demandantes -Burford y Eton Capital- de embargar las acciones de la petrolera argentina. El pedido de la jueza sorprendió al Estado argentino, dado que incluso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos había presentado un escrito para pedir que se rechace ese pedido, en noviembre pasado.
“Cuando asumió Javier Milei, la Argentina debería haber depositado una garantía para evitar que comiencen los embargos durante la apelación inició en octubre de 2023. La garantía debería haberla depositado en enero de 2024, como no lo hizo, la ley americana le daba el derecho a embargar activos de la Argentina. Uno de los activos que los beneficiarios del fallo buscaron embargar eran las acciones de YPF″, dijo Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior.
“Un año y medio más tarde, después de varias presentaciones y, en contra de recomendación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Preska accedió al pedido de los beneficiarios y obliga a la Argentina a entregar las acciones que tiene en YPF como parte de pago. La Argentina no lo va a hacer; obviamente va a apelar, motivo por el cual esto continúa en la Corte de Apelación”, agregó.
El 16 de abril de 2012, las acciones de YPF eran propiedad en un 57,5% de Repsol, un 25,5% de Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa), (una filial constituida en España, propiedad de la familia Eskenazi) y un 17% de otros inversores minoritarios, incluido Eton Park, con una participación accionaria del 3%. El 7 de mayo de ese año, entró en vigor en la Argentina la ley de interés público que dejó el 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol “sujetas a expropiación” y bajo “ocupación temporal” por el Estado argentino. En julio, Petersen se declaró en quiebra en España tras haber incumplido en mayo el pago de los préstamos que hizo un pool de bancos europeos para financiar la compra de las acciones de YPF.
En mayo de 2014, se completó la expropiación por parte de la Argentina del 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol, luego de pagarle a la empresa española US$5000 millones en bonos soberanos.
Pasaron 3 años sin que la causa YPF se moviera, en el cambio de gobierno del 2015 un 4 de marzo, el síndico de la quiebra de Petersen, ex tenedor de acciones de YPF, vendió todos los reclamos relacionados con la expropiación a Prospect Investments LLC, una subsidiaria de Burford Capital LLC, fondo que presentó los reclamos en nombre de Petersen, según se desprende del escrito que presentó YPF.
En junio de 2015, Eton Park, otro extenedor de acciones de YPF, presentó demandas contra la Argentina y la petrolera.
El 31 de mayo de 2023, la jueza Loretta Preska culpó al Estado argentino, pero eximió de responsabilidades a YPF. El 16 de septiembre, después de un proceso en que se analizó el monto de la indemnización, la jueza confirmó que la Argentina deberá pagar casi US$16.100 millones más intereses.
En febrero de 2024, el Estado argentino presentó en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el primer escrito con los argumentos para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de Preska.
En septiembre de 2024, se presentaron los últimos escritos finales de las tres partes (los demandantes, YPF y el Estado) ante la Corte de Apelaciones y ahora se está a la espera de que se designe un panel de tres miembros y se resuelva la fecha de una audiencia en la cual se tratará el caso.
