En H7 Radial por FM Noticias 88.1, Cristina Cobos, referente de Derechos Humanos, mencionó que la sobrepoblación es ya inaceptable en Villa Las Rosas y en Alcaidía, donde se alojan casi 900 personas, cuando se trata de un espacio que tiene capacidad para 350.
Desde el Comité para la Prevención de la Tortura se presentó el informe anual que alerta sobre el hacinamiento de los servicios penitenciarios
Indicó que el informe abarca estadísticas y trabajos de monitoreo que se hicieron durante 2022 y que se evalúa el trabajo como positivo, porque se lo hizo sin presupuesto, a pulmón y con recursos de cada uno de los comisionados.
Sostuvo en este aspecto, que no se acciona ni brindan soluciones concretas a los planteos del Comité, que se hicieron tanto al actual ministro de Justicia, Domínguez, como al anterior, Abel Cornejo.
Es ante esto que el organismo insiste sobre la crisis en materia penitenciaria, de salud mental y la necesidad de políticas públicas.
Monitoreos
En su informe de gestión el Comité detalló las numerosas actividades, reuniones y capacitaciones que han llevado a cabo desde la conformación del organismo. Entre lo más destacado, detalló las acciones de monitoreo general a unidades carcelarias, alcaidías, granjas, comisarías, centros de atención a jóvenes en conflicto con la ley penal, y al Hospital Dr. Miguel Ragone. También las condiciones en las que encontraron cada uno de estos lugares y la sobrepoblación.
Del 26 al 30 de septiembre, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura realizó una visita oficial de inspección a la provincia. El Comité de Salta brindó apoyo técnico local y participó a través de sus integrantes. En esa ocasión también mantuvieron reuniones con funcionarios del Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ejecutivo.
El monitoreo del Comité viene dando cuenta de la sobrepoblación carcelaria que enfrenta al provincia. El Servicio Penitenciario de Salta cuenta con una capacidad para alojar a 2.777 personas, distribuidas en ocho unidades carcelarias, dos granjas penales y tres alcaidías. Sin embargo, presenta una sobrepoblación del 46,02%, según la información proporcionada por el Servicio Penitenciario de Salta al Comité provincial.
En relación a su condición procesal, el Servicio Penitenciario aloja a 2.792 penados/as, 363 procesados/as, 880 detenidos/as provisorios/as y a 29 personas con medidas de seguridad, al 11 de abril de 2023. Las medidas de seguridad refieren a personas inimputables alojadas por disposición judicial, “entendiendo este CPT Salta que las cárceles y alcaidías no cuentan con las condiciones óptimas para ser considerados espacios aptos en razón de su condición. El 30% de la población penitenciaria de Salta no tiene condena”.
Recomendaciones
El Comité contra la Tortura de la provincia concluyó que “el sistema penitenciario, con extensión a las comisarías y destacamentos policiales, así como el régimen penal juvenil y el sistema público de salud mental se encuentran en crisis en la Provincia de Salta”. Señaló que “urge trabajar en políticas públicas adecuadas e interinstitucionales para revertir el cuadro de situación en miras a garantizar el respeto por los derechos fundamentales de toda la población”.
En ese marco, el Comité reforzó recomendaciones ya realizadas en 2022 a diferentes poderes del Estado con la intención de orientar una agenda de prioridades en esta materia. Entre éstas, planteó como necesario intensificar los esfuerzos en el marco de la resolución N° 651/22 que declara la emergencia penitenciaria.
El CPT propuso implementar en el corto plazo acciones concretas para el traslado progresivo a Unidades Penitenciarias de personas penadas actualmente cumpliendo condenas en comisarías o en Alcaidías. Y asimismo, el traslado progresivo a Alcaidías de personas procesadas actualmente alojadas en comisarías.
Por otro lado, el Comité recomendó dar tratamiento urgente a expedientes iniciados vinculados a la mejora edilicia y condiciones de habitabilidad de las distintas unidades penitenciarias, comisarías y destacamentos. También propuso la revisión del régimen disciplinario vigente en el Servicio Penitenciario para adecuarlo a las garantías constitucionales y convencionales, asegurando la posibilidad de conocer los hechos que podrían ser pasibles de sanción, tipos de sanción, respeto por la proporcionalidad, derecho a defensa y recursos. Explorar otras modalidades de sanción disciplinaria y mecanismos de resolución de conflictos alternativos.
Recomendó asimismo eliminar las celdas disciplinarias o de aislamiento, que no cumplen con los estándares mínimos proporcionados por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, poniendo fin a su utilización por considerarse un lugar de castigo. Y recomendó reforzar acciones para evitar malos tratos. Incorporar perspectiva de género y de interculturalidad en todas las áreas del Ministerio de Seguridad y Justicia; garantizar el acceso a la salud en tiempo oportuno y condiciones dignas a toda persona con privación o restricción de su libertad; y asegurar condiciones dignas en los servicios de salud mental.
El CPT señaló la necesidad de que se garantice el cumplimiento de la asignación del 10% del presupuesto de salud a salud mental y la puesta en marcha del Órgano de Revisión y Promoción de Derechos en Salud Mental creado por Ley N° 8323.
Indicó además que no se advierten políticas adecuadas y eficientes en el marco de un plan estratégico de abordaje de problemáticas de salud mental. Expuso sobre la situación crítica del hospital Ragone y también señaló que las prácticas en salud mental son llevadas adelante con mínimos recursos en el norte provincial.
Ante a la “grave situación derivada de la sobrepoblación penitenciaria”, el Comité convocó a conformar un equipo de trabajo con representantes de distintos poderes y organismos. La primera reunión se realizó en junio de 2022, sin embargo, el trabajo no pudo avanzar por la falta de presentación por parte del Ministerio de Seguridad de un listado de la población alojada en los establecimientos carcelarios.
El CPT también recomendó la derogación de la actual ley del Servicio Penitenciario N° 5639 e incluso presentó un anteproyecto de reforma ante el Ministerio de Seguridad y Justicia.
Actuaciones por casos individuales
El Comité Provincial contra la Tortura habilitó un Área de Actuaciones Individuales que se encarga de recibir y recolectar denuncias de torturas o malos tratos.
Entre marzo y diciembre se habilitaron 58 legajos de actuaciones individuales en relación a personas privadas de la libertad. Todas fueron procesadas y tramitadas. Al 31 de diciembre 34 legajos se habían cerrado por diferentes causas (restablecimiento de los derechos, recupero de la libertad, contacto y seguimiento por parte de las defensas, entre otras), lo cual representa un 59%.
El Comité además acompañó como observador el juicio contra policías por la muerte de Cristian Gallardo bajo su custodia. “Prestando colaboración, en todo momento, con el trabajo del Ministerio Público Fiscal, de la parte querellante y apoyo a los familiares de Cristian Gallardo, pero principalmente, posicionándose políticamente como un organismo independiente y autónomo, que tiene como principal misión la de hacer cumplir la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, destacó el organismo.
El CPT también intervino ante la muerte bajo custodia de Noelia Martel en la Unidad Carcelaria de Mujeres Nº 4. Concluyó en el informe que el tratamiento penitenciario recibido durante diez años por la interna no fue el correcto, lo cual dejó al descubierto múltiples falencias y limitaciones en el diseño y estructura penitenciaria provincial: el plan de tratamiento no estuvo adaptado y pensado a las necesidades particulares de la detenida, el cual reclamaba una mayor contención psicológica y familiar, un mayor contacto con su hijo y sus familiares; vivenció un uso y abuso de la celda de castigo alojándosela por un plazo mayor a 350 días.
Además, el Comité constató actos de discriminación y persecución por su elección sexual, provenientes tanto del personal policial como de compañeras de celdas; las prácticas carcelarias e institucionales configuraron en algunas oportunidades actos de humillación y graves severidades; finalmente, advirtió una falta o tardía respuesta por parte del poder judicial ante sus reclamos.
Por último, el Comité informó que analiza presentarse como amicus curiae en la causa abierta por la muerte de Franco Centurión, un joven de Tartagal trasplantado de médula que tras permanecer detenido en la Comisaría 45 salió en grave estado de salud y murió en los días siguientes. El padre denunció a policías por haberlo golpeado.
Fuente: Hora7-FM Noticias 88.1 MHz
