Es el diagnóstico de la socióloga Ana Pérez Declercq sobre los deepfakes que desnudan a estudiantes.
“Por qué puedo ir y matar a alguien a tiros, por qué puedo escrachar a una concejala, por qué se arman fotos con inteligencia artificial de una compañera: todo tiene la misma raíz”, advirtió Ana Pérez Declercq, socióloga y directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, al analizar el escándalo por imágenes trucadas con IA entre alumnos de colegios porteños.
La socióloga y magíster en Salud Pública, a raíz de una denuncia que sacudió a dos colegios dependientes de la UBA (Universidad de Buenos Aires ) —el Nacional de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini—, donde circularon imágenes de estudiantes desnudas mediante inteligencia artificial y comercializadas entre compañeros.
Consultada sobre si el fenómeno es ajeno a la provincia, Pérez Declercq recordó que Salta ya tuvo un caso similar: un imputado de la Universidad Nacional de Salta, con diez estudiantes y una docente como víctimas, que derivó en una causa por ciberdelitos. Según explicó, el hecho no encuadraba en la Ley Olimpia (la violencia digital como una modalidad de violencia de género) ni configuraba delito penal en sentido estricto, pero la Justicia logró avanzar gracias a que el acusado dejó rastros digitales en su computadora, y se buscaron figuras penales alternativas vinculadas a la ofensa para poder imputarlo.
La entrevistada mencionó además un episodio en un colegio secundario salteño en el que un alumno instaló una cámara en el baño de las chicas, y sostuvo que la raíz de fondo no cambió entre esos hechos y los actuales: quienes generan este tipo de imágenes son, mayoritariamente, varones.
Pérez Declercq enmarcó el problema en la falta de educación sexual integral y en el alcance de las nuevas tecnologías. Explicó que la violencia digital ya fue incorporada a la ley de violencia de género en Argentina, junto a la violencia doméstica, laboral y obstétrica, aunque aclaró que no todas configuran delito penal: cuando se trata de agresiones verbales o humillaciones sostenidas, la vía es civil y solo habilita medidas de protección; cuando hay lesiones, amenazas o contenido de carácter sexual, se abre la vía penal.
Sobre la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, fue tajante: no alcanza por sí sola si no hay una amenaza concreta o un contenido de carácter sexual de por medio, y remarcó que ese tipo de casos —como la distribución de imágenes íntimas fabricadas con IA— sí puede constituir violencia digital.
Consultada sobre qué hay detrás de este tipo de episodios, la socióloga trazó una línea directa entre el deepfake escolar y los feminidios que se acumulan en la provincia:
“Mataron a una mujer a tiros en Coloma Santa Rosa hace tres días y ya con eso tenemos cinco feminidios en Salta. La raíz de por qué yo puedo ir y matar a alguien a los tiros, por qué puedo escrachar en Facebook a una concejala, desde la evidencia digital hasta la doméstica, todas tienen la misma raíz: cómo concebimos a una persona a la que se le designa supuestamente un sexo débil.”
Para Pérez Declercq, esa concepción se instala desde el nacimiento —“se le coloca el color rosa, se dice qué tierna, se le permite llorar”— y desemboca en la idea de que el cuerpo de las mujeres es un cuerpo disponible para ser expuesto, consumido o dañado, ya sea en la tapa de una revista, en Instagram, en Onlyfans o en una imagen generada por inteligencia artificial.
La entrevistada lamentó la discontinuidad de políticas que, a su criterio, sí funcionaban: citó la caída de un 68% en el embarazo adolescente a partir del Plan ENIA, gracias a su implementación directa dentro de las escuelas con asesoras presentes para el diálogo con los adolescentes, algo que la ESI no logró sostener por la falta de transversalización real en las currículas.
Cerró el diagnóstico con un llamado a generar espacios de escucha en las escuelas ya producir datos desde el Observatorio que permitirá actualizar constantemente las políticas públicas frente a una problemática que, según remarcó, no existía hace veinte años.
