“En vez de modernizarnos fue una precarización y una vuelta atrás”, sostuvieron las abogadas laboralistas que visitaron Salta y apuntaron contra el Gobierno nacional: “Fomenta la informalidad”.
Las Abogadas laboralistas y comunicadoras Mariela Pisano, Adela Gonzáles y Tamara Bezares pasaron por Hora 7 Radial, tras participar del Congreso Nacional de Derecho Laboral realizado en Salta. Allí pusieron en agenda la situación de las trabajadoras de casas particulares, el sector más vulnerado del mundo del trabajo. Cuestionaron con dureza la llamada ley de modernización laboral y los salarios que fija el Gobierno.
“Una vuelta atrás”
Las especialistas aseguraron que la reforma laboral, presentada como modernización, tuvo el efecto contrario. “Es algo que nos preocupa por sobremanera”, dijeron. Según los datos que citaron, los puestos de trabajo registrados cayeron de 476 mil en 2022 a 422 mil en junio de 2026. “Son los propios datos que el presidente y sus ministros deben conocer”, remarcaron.
También advirtieron que la reforma volvió a dejar a las trabajadoras de casas particulares fuera de la Ley de Contrato de Trabajo general, pese a un mandato internacional que pide incluirlas. “Hay un régimen especial que debería protegerlas más, no menos”, plantearon.
Un sector invisible
Las abogadas describieron un sector con altísima informalidad. Hay alrededor de un millón y medio de trabajadoras y solo el 20% está registrado; ocho de cada diez mujeres trabajan sin aportes. Las mujeres que trabajan en casas particulares representan el 18% de las asalariadas del país. Casi todas son mujeres (alrededor del 98%) y los varones suelen trabajar como caseros o jardineros.
Los salarios son muy bajos. Según calcularon, el mínimo fijado por la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares ronda los 480.000 pesos, con una hora a unos 3.000 pesos. La canasta básica, en cambio, está en unos 700.000. Contaron además que, en Salta, algunas trabajadoras pagan hasta 68.000 pesos por mes de boleto y que no acceden a la tarifa social nacional. “Trabajan en muchas casas para poder llegar a comer algo con proteínas”, graficaron.
El salario lo decide el Gobierno
Cuestionaron cómo se fijan las remuneraciones. La Comisión depende de la Secretaría de Trabajo, y los sindicatos que participan “hoy no tienen posibilidad de negociar: lo termina decidiendo el Gobierno”. Y le apuntaron al secretario de Trabajo, Julio Cordero: “Tiene una confusión importante: el monotributo no es salario”.
Miedo a reclamar
Explicaron que muchas trabajadoras no reclaman por temor a perder el empleo, en un contexto de escasez de trabajo. “Hay jornadas de 12 horas, sin viático ni comida, y se sostiene por miedo”, describieron. A eso se suma la dificultad de probar la relación laboral, porque no hay compañeras que puedan declarar. Recomendaron guardar chats de WhatsApp y fotos con la empleadora y, ante un accidente, no irse de la casa y llamar a una emergencia.
A los empleadores les respondieron que registrar es barato: el régimen es simplificado y cubre accidentes y despidos. “No es un favor que le estás haciendo; es una trabajadora con derechos”, dijeron. Y agregaron: “Quien no puede pagar una trabajadora registrada, que no la tenga”.
Críticas a la dirigencia
Ampliaron el reclamo hacia la dirigencia política y sindical. Contrastaron salarios docentes y policiales que no llegan a los 700 mil pesos con dietas de diputados de 12 millones, y criticaron a la CGT por limitarse a emitir comunicados. También denunciaron un clima de estigmatización de la organización sindical y del reclamo: “El buen empleado es el que agacha la cabeza”. Su mensaje fue el contrario: “No se callen. Denuncien”.
Sobre la persecución a periodistas dijeron que se sienten blanco del presidente Javier Milei: “Soy mujer, laboralista, defiendo a las clases populares: soy todo lo que está mal para los libertarios”.
