“No sabemos realmente si se trata de una postura pragmática de cara a las próximas elecciones o realmente hay convicción en defender los derechos argentinos”, advirtió Pablo Salinas, profesor de Derecho Internacional Público, sobre el reclamo ante el Tribunal del Mar por la actividad petrolera británica en Malvinas.
Pablo Salinas analizó el pedido que la Argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por las exploraciones de hidrocarburos que la empresa Sea Lion impulsa en las islas. Salinas es profesor en Ciencias Jurídicas, licenciado en Ciencias Sociales y titular de la cátedra de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sostuvo que el planteo tiene respaldo jurídico, pero que la Casa Rosada enfrenta “sus propias contradicciones políticas”.
Qué se discute: un pedido de “status quo”
Salinas explicó que el Tribunal, integrado por 21 jueces, emite resoluciones llamadas “ordenanzas”, que son obligatorias para las partes. El pedido argentino es una medida precautoria. Busca suspender las exploraciones y la instalación de infraestructura, prohibir el uso de la información exploratoria ya relevada y frenar nuevas licencias. También pretende evitar acciones que impidan al país cumplir con sus obligaciones de protección ambiental. “Lo que está buscando la Argentina es mantener el status quo, que todo esté tal cual está actualmente, sin la intervención de estas empresas”, resumió.
El fallo sobre esas medidas podría conocerse el 28 de noviembre. El docente recordó que no se trata de una decisión sobre la soberanía: esa cuestión de fondo debería resolverla un tribunal arbitral, algo que el Reino Unido se niega a someter.
Una plataforma submarina de 350 millas
Para dimensionar lo que está en juego, Salinas repasó la Convención sobre los Derechos del Mar de 1982, que la Argentina no firmó entonces por estar en plena guerra de Malvinas y que suscribió años después. Destacó que el país “hizo bien los deberes” durante varios gobiernos. Las mediciones empezaron con Carlos Menem, siguieron con Fernando de la Rúa y los gobiernos sucesivos, y se consolidaron con Cristina Fernández de Kirchner. Ese proceso derivó en el reconocimiento de una plataforma submarina de 350 millas marinas, lo que según el especialista amplió el territorio del Estado en un 33%. Las islas están a unas 220 millas de la costa, dentro de esa plataforma, donde hoy se discute la actividad petrolera.
Capitales israelíes y un “mentor” del Presidente
El tramo más político de la entrevista llegó al hablar de los inversores. Salinas señaló que Sea Lion tiene capitales israelíes y británicos, y marcó la paradoja de que esto ocurra con “el presidente más sionista del mundo, según sus propias palabras”. Agregó que, dentro del paquete de inversores de la compañía británica que administra las islas, figura quien definió como “padrino político y mentor de nuestro presidente”.
“¿Hasta dónde será posible llegar, o nos asistirá el derecho frente a nuestras propias contradicciones políticas?”, se preguntó. Y planteó la duda de fondo: si se trata de una postura pragmática de cara a las elecciones o de una convicción real. “Es una cuestión para analizar de cara a los tiempos que vienen. Vamos identificando a cada uno de los personajes que aparecen en esta historia”, dijo.
Reclamo permanente, sin “prescripción”
Consultado por qué no se reclamó antes, Salinas defendió la coherencia histórica del país. Recordó que, salvo un período de menos de diez años en la década de 1820, la Argentina sostuvo la protesta ante los organismos internacionales desde 1833. Citó un antecedente arbitral, el de Max Huber, en el que Holanda obtuvo la propiedad de unas islas por ocupación pacífica y sin reclamos. En el caso de Malvinas, sostuvo que la ocupación británica fue violenta y que “nunca tuvimos silencio”, por lo que no puede hablarse de prescripción a favor del Reino Unido.
Un fallo que Londres desconocería
Sobre las expectativas, Salinas fue cauto. Un fallo favorable que frene la exploración o las nuevas licencias “sería algo interesante, llamativo”, pero advirtió que el Reino Unido no reconoce la jurisdicción del Tribunal: “Si dictan el fallo lo van a desconocer”. Incluso con una sentencia favorable de la Corte Internacional de Justicia o de un tribunal arbitral, su cumplimiento dependería del Consejo de Seguridad de la ONU, donde Londres tiene derecho a veto.
Para el docente, eso expone un problema más amplio. Dijo que el sistema nacido tras la Segunda Guerra Mundial “ya dejó de ser efectivo” y que hoy es una herramienta de potencias para conservar cuotas de poder. Remarcó que África no tiene ningún representante permanente y que Brasil y la India piden un lugar con derecho a veto sin que se discuta su ingreso.
Salinas cerró con una mirada sobre el plano simbólico. Sostuvo que “las Malvinas son argentinas” es un hecho cultural arraigado, una de las pocas cuestiones que unen a los argentinos, y que esa batalla “ya se ha ganado” en el plano del sentimiento nacional.






