Si es una persona honesta que hizo todo ajustado a derecho, debiera apartarse del gobierno y no contaminar la imagen del presidente.” expresó La contadora pública y especialista en lavado de activos Hermosinda Egüez.
Egüez analizó el caso del jefe de gabinete Manuel Adorni y sus operaciones con criptomonedas y una ganancia millonaria en bitcoins; luego, por haberse acogido al régimen de inocencia fiscal justo, la contadora pública nacional y referente en materia de lavado de activos aclaró, que el régimen de inocencia fiscal en sí mismo le pareció razonable. “Pasar de un paradigma de Estado muy controlador a uno que nos trate como ciudadanos honestos me parecía un buen paso”, señaló. Sin embargo, su análisis derivó rápidamente hacia la denuncia: el problema no es la herramienta, sino quién la usa y cuándo.
“Los mismos funcionarios que hicieron la ley se acogieron rápidamente a ella para justificar incrementos patrimoniales de hasta mil millones de pesos. Ellos mismos llegaron al gobierno para beneficiarse”, afirmó sin rodeos.
La contadora explicó que en todos los blanqueos anteriores se excluía expresamente a los funcionarios de mayor jerarquía —e incluso a sus familiares hasta segundo grado— precisamente para garantizar transparencia y generar confianza. “No solamente hay que declamar la transparencia, hay que demostrarla”, remarcó. En este caso, esa barrera fue inexistente.
“Ni un niño de primario puede creer que uno encuentra un pendrive que había olvidado con semejante nivel de riqueza.”
Ante la consulta sobre el límite legal del blanqueo, Egüez fue precisa: la inocencia fiscal no equivale a impunidad total. El umbral de mil millones de pesos no es caprichoso: coincide exactamente con el tope a partir del cual los incumplimientos tributarios se convierten en delitos penales. “Por debajo de los mil millones, inocencia. Por encima, ya arrancamos con los delitos tributarios”, ilustró con una metáfora que no dejó margen a la duda. Y subrayó algo que muchos omiten: la Unidad de Información Financiera (UIF) no ha perdido sus facultades. “El Estado no ha resignado su rol de perseguir el lavado de activos. Eso es un flagelo mundial y se tiene que combatir sea un peso o sean mil millones“, afirmó.
Egüez valoró la baja de la inflación como un logro real, aunque con matices: “Es el peor de los impuestos porque no tiene ley y perjudica a los que menos tienen, los que menos margen tienen para acomodarse”. Desde su memoria personal —trabajó en un supermercado durante la hiperinflación del 89— describió cómo el miedo colectivo al alza de precios retroalimenta la espiral: cuando la gente compra más de lo necesario por temor, los precios suben más, y así sucesivamente.
Sin embargo, advirtió que la baja en sí misma no alcanza si el bolsillo del ciudadano no lo siente. “El presidente mismo lo reconoció: todavía falta que la microeconomía llegue de manera más contundente”, señaló. Y cerró con una paradoja que resume el momento político: “Cuando aparece un funcionario con estas conductas cuestionables, la confianza que íbamos construyendo se va todo por el tacho.”
Egüez no dejó pasar la oportunidad de señalar otra inequidad estructural: mientras los funcionarios se acogen sin sobresaltos a mecanismos de inocencia fiscal, un contribuyente común que presenta una declaración jurada con un día de retraso enfrenta multas que arrancan en 110.000 pesos y se duplican a los 15 días hábiles. “No se puede penar al ciudadano que le está poniendo el hombro con semejantes multas cuando vemos estas conductas de los funcionarios totalmente inadmisibles”, denunció. Una desproporción que, en sus palabras, “está totalmente alejada de la realidad que viven los pequeños y medianos contribuyentes”.
