INCENDIOS FORESTALES EN SALTA: Más de 140 focos ígneos y 800 hectáreas quemadas en el área metropolitana obligaron a los cuarteles voluntarios a trabajar sin descanso durante todo el fin de semana.
El comandante Walter Chávez, jefe del cuartel Martín Miguel de Güemes, fue letal: “No alcanza con la simple y exclusiva voluntad de un grupo de personas, el Estado tiene que estar presente”. Y contó que la provincia solo les da gasoil, que ningún funcionario asistió el Día del Bombero Voluntario y que ellos mismos pagaron una hidroescalera de 83 mil dólares porque el apoyo oficial nunca llegó.
Desde el jueves hasta el domingo, los bomberos voluntarios del área metropolitana de Salta combatieron más de 140 focos ígneos que arrasaron con cerca de 800 hectáreas. El personal estuvo activo hasta las tres de la madrugada del viernes, volvió a salir apenas seis horas después y repitió la secuencia el sábado, cuando el viento reavivó los incendios sobre techos y estructuras metálicas.
Las llamas destruyeron de manera total una vivienda en el barrio El Refugio y afectaron a otras familias en la circunvalación oeste y en el barrio 14 de Mayo, donde el fuego ingresó por pavesas hasta un depósito y consumió todo lo que había adentro.
Chávez fue categórico al señalar el origen de los siniestros: la negligencia y, en varios casos, la intencionalidad de vecinos que prendieron fuego pese a las recomendaciones oficiales. Mencionó un episodio en la zona de Proyecto Norte, donde ya el año pasado se habían quemado tocones tras un desmonte y este año volvió a ocurrir, esta vez poniendo en riesgo un emprendimiento inmobiliario con viviendas de madera en construcción.
El comandante reclamó sanciones más severas y cuestionó que, mientras a otras situaciones se les reclama el costo de los operativos de rescate, a quienes inician incendios rara vez se les exige que respondan por los recursos movilizados para apagarlos.
El tramo más duro de la entrevista llegó cuando Chávez detalló el abandono presupuestario que sufren los 45 cuarteles de bomberos voluntarios de la provincia. Según explicó, desde 2022 —cuando se destinaron 70 millones de pesos entre 35 cuarteles tras los incendios de ese año— no volvió a llegar ningún refuerzo económico provincial. El único aporte actual, dijo, son 6.600 litros de gasoil mensuales para repartir entre todos los cuarteles de Salta.
El contraste con las necesidades es abismal: equipar a un solo bombero cuesta unos 15 millones de pesos, y cada manguera perdida en un incendio —como las cuatro que se pincharon este fin de semana— cuesta cerca de un millón. Los fondos nacionales, según Chávez, tampoco llegan completos: el año pasado se giró solo la mitad de lo comprometido y este año, de los 95 millones anunciados tras los incendios en la Patagonia, apenas cuatro cuarteles de Salta cobraron algo.
Chávez enumeró una serie de normas que, según denunció, la provincia no aplica: la Ley 7037, que obliga a apoyar financieramente a los bomberos voluntarios y a visibilizar su trabajo; y una ley sancionada hace cuatro años que establece transporte gratuito para el personal de los cuarteles y que el propio gobernador Gustavo Sáenz promulgó sin que hasta hoy se haga efectiva. Como consecuencia, cada bombero paga de su bolsillo el boleto para ir a cumplir guardias o capacitarse.
También mencionó la ley provincial de manejo del fuego, aprobada en el Senado hace dos años con participación activa de los propios bomberos, que quedó trabada en Diputados y corre riesgo de perder estado parlamentario.
El lugar que ocupan los bomberos voluntarios en la agenda del Estado: siguen siendo, dijo, “el último orejón del tarro”, mientras la improvisación reemplaza a la planificación y los incendios se combaten cuando ya ocurrieron, no antes. Su conclusión fue una advertencia: sin un compromiso económico real de la provincia y la nación, la tarea de apagar el fuego seguirá recayendo, casi en soledad, sobre quienes lo hacen de manera voluntaria.
