“Quieren quedarse con las migajas de la frontera: no le prohíben al país vender trigo, soja y maíz, se lo prohíben a los pueblos de frontera”.
Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, cuestionó al plan Güemes, que rebautizó “plan Conan”.
Una resolución “de escritorio”
El interventor calificó como “un acta de defunción para el comercio de frontera” la resolución 5910 de ARCA-Aduana. La norma prohíbe a los municipios fronterizos comercializar trigo, soja y maíz, y también envases de más de 10 kilos, como harina, azúcar, arroz o alimento para mascotas. Además, limita a 150 dólares por persona la mercadería que pueden pasar los compradores bolivianos.
“El comercio vive de este intercambio”, explicó. Cuestionó que la medida se tomara “de la noche a la mañana” y sin consultar a las partes. “Podrían haber convocado a las cámaras. Nosotros tenemos cámaras de comercio en Aguas Blancas”, afirmó. Remarcó que la norma alcanza a 65 pasos fronterizos del país, no solo a Aguas Blancas y Salvador Mazza. Ironizó además con un presidente “que se jacta del libre comercio”.
El régimen se postergó por 120 días, el gobernador Gustavo Sáenz lo consiguió en una reunión con el jefe de Gabinete, Santilli. En esa misma gestión reclamó por la exclusión de Salta en la licitación del Belgrano Cargas, donde los ramales C14 y C15 quedaron como inversión optativa. Para el interventor, la prórroga “no es la solución”.
“Primero lo grande, después lo pequeño”
Zigarán sostuvo que la resolución beneficia a los grandes exportadores. “A mí en Mazza me prohíben vender soja, pero el de Córdoba la puede exportar a Bolivia sin ningún problema. Pasa mercadería en tránsito, no paga la provincia, no paga el municipio. ¿Quiénes se beneficiaron? Los grandes tipos que ya tienen el manejo de los negocios”.
Señaló que el contrabando va en los dos sentidos. “No me vengan a hablar de contrabando, cuando en Aguas Blancas pasan miles de millones de pesos por día de Bolivia hacia Argentina”. También apuntó contra la Hidrovía y el puerto de Buenos Aires, a los que llamó “una verdadera mafia”. Dijo que un contenedor de esos puertos equivale al trabajo de meses de un bagayero. “¿Por qué no se ocupan de lo que tienen cerca?”, se preguntó.
También describió la realidad de los trabajadores: “Es trabajo esclavo. A los 40 o 50 años no tienen rodillas, no tienen espaldas”.
Del plan Güemes al “plan Conan”
Zigarán fue categórico sobre la seguridad en la frontera: “Con Bullrich era el plan Güemes; ahora yo lo llamo el plan Conan, que no existe”, en alusión al perro del presidente Javier Milei.
Reconoció un solo avance: la presencia de Prefectura en el río Bermejo, que según él evitó “el 90% de los robos” a quienes bajaban a cruzar a comprar. Pero denunció que los retenes de Gendarmería, Policía Federal y Policía de la Provincia ya no están en las rutas. Solo quedó el puesto 28, sobre la Ruta 50.
Allí, dijo, hay “hijos y entenados”: empresas de colectivos interurbanos que hacen de 20 a 30 servicios diarios y no son controladas, y empresas de encomienda con camiones con acoplado que pasan de noche sin revisión. Mientras tanto, los vecinos de Aguas Blancas deben bajar toda la mercadería de la camioneta para pasarla por un escáner de bultos. “Estamos en el siglo XXI. Hacen falta escáneres de camiones”, reclamó.
Ley de derribo y avionetas
Zigarán recordó que propuso una ley de derribo y que, dos semanas después, el Gobierno nacional incluyó una en su paquete de leyes de soberanía. Aclaró que sigue a la espera de que se aplique y que Sáenz pide un “plan Güemes 2” con radares.
Contó además que, según ex funcionarios bolivianos, un alto cargo renunció al gobierno de Rodrigo Paz porque la tarifa para las avionetas que ingresan a la Argentina subió de 50.000 a 80.000 dólares. Es un dato de segunda mano, que el interventor no pudo precisar. “Hablamos de ley de derribo y los vecinos nos mandan cocaína tarifada”, sintetizó.
