Los retirados y jubilados de la Policia y el Servicio Penitenciario, reclaman una mejora salarial.
“Nosotros los policías y los penitenciarios no tenemos sindicatos ni gremios. Nos vemos desguarnecidos en nuestros reclamos para mejorar nuestro salario”. El comisario general retirado Jorge Raúl Mamaní junto a otros miembros se concentraran en Plaza Belgrano, para exigir que los agentes en actividad cobren al menos lo que vale la canasta básica total: $1.300.000. Hoy perciben $850.000 en mano.
Un agente de policía o de servicio penitenciario de la provincia de Salta —el escalafón más bajo de ambas fuerzas— cobra hoy ochocientos cincuenta mil pesos en mano y advierte que el reclamo no es sólo salteña sino es en toda la Argentina: quienes protegen la calle no pueden pagar el alquiler. Para subsistir, muchos policías hacen adicionales, trabajan como albañiles o acumulan turnos de doce horas seguidas. La sobrecarga, advierte Mamaní, no solo destruye la salud del efectivo: también degrada directamente la calidad del servicio de seguridad que recibe la ciudadanía.
“Un policía que no trabaja con tranquilidad, que está cansado y tiene que hacer otro trabajo extra para alimentar a su familia, repercute inevitablemente en el servicio de seguridad de toda la provincia.”
El reclamo de los retirados es, en rigor, un reclamo por los activos. Mamaní explicó que los jubilados policiales perciben prácticamente lo mismo que los efectivos en servicio, con la diferencia de los ítems no remunerativos —que el retirado no cobra— y un descuento adicional del ocho por ciento sobre el sistema previsional que siguen aportando hasta fallecer. Es decir: cobran menos que los activos y encima siguen financiando el sistema.
Pero incluso cuando el gobierno provincial cierra una paritaria, el dinero no llega. Mamaní describió con detalle el laberinto burocrático que padecen los retirados: primero se dicta el instrumento legal del acuerdo —lo que puede demorar un mes y medio—; luego vienen las resoluciones ministeriales y el aval del decreto provincial; finalmente interviene la Unidad de Trámites Provisionales, que procesa la documentación para que ANSES liquide el retroactivo. El resultado: entre cuatro y seis meses de demora, a veces más. Para entonces, el porcentaje pactado ya fue licuado por la inflación.
“Imagínense un acuerdo paritario que se remonta a un año atrás, más el tiempo del proceso administrativo. Lo que se cobra está totalmente desvalorado”, graficó el excomisario. La situación no es exclusiva de Salta: La Rioja, Chubut, Río Negro y Mendoza atraviesan problemáticas similares, como también las fuerzas de seguridad nacionales.
El núcleo del problema es estructural: policías y penitenciarios no tienen sindicatos ni gremios. No se sientan en ninguna mesa paritaria. Su única representación informal son los retirados, que tampoco pueden ser desconocidos porque, como aclaró Mamaní, un policía retirado sigue siendo policía y puede ser convocado al servicio activo ante una emergencia. “No dejamos de ser policías”, dijo. “Nada más que estamos en situación de retiro.”
La convocatoria de hoy en Plaza Belgrano fue definida por Mamaní como un pedido de apertura de canales de diálogo con el Ejecutivo provincial, no como una medida de fuerza. Los organizadores exigen ser escuchados en materia salarial, administrativa y legislativa. La lluvia no los detuvo.
