Patricia Bullrich aprobó un protocolo para las fuerzas de seguridad que habilitar una vigilancia masiva en redes sociales.
Bullrich dio a conocer nuevas reglas para la actuación de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura frente a lo que se conoce como fuentes abiertas, según la resolución 428, las fuerzas podrán monitorear lo que sucede en la web de acceso público y fuentes digitales abiertas. Esto quiere decir, podrán entrar en aquellos sitios de internet “cuyo acceso no implica una transgresión al derecho a la intimidad de las personas”.
El Ministerio de Seguridad le da vía libre a las fuerzas para ciberpatrullar en función de una larga lista de delitos: venta o tráfico de drogas, amenazas, coacción e intimidación, venta de armas o explosivos, venta de objetos robados o falsificados, comercialización de instrumentos públicos, malos tratos o crueldad contra animales, acoso o violencia por motivos de género, prostitución infantil, trata de personas, lavado de activos, terrorismo y “cualquier otro delito que se pueda obtener noticia en el ciberespacio”. Esto es leído por los especialistas como una “excursión de pesca”: las fuerzas salen a ver qué encuentran.
Además, Bullrich sostiene que estos lineamientos deben servir para la búsqueda de personas desaparecidas y de personas requeridas por la justicia, y allí surge la pregunta le interesan todos los prófugos?, buscará a los 21 represores de la última dictadura que estan fugados?
El ciberpatrullaje no es nuevo. Se usó intensamente durante el gobierno de Cambiemos. La entonces Policía Metropolitana –hoy de la Ciudad—estaba haciendo sus controles “de rutina” en marzo de 2016, cuando advirtió que una usuaria proponía matar a la hija menor de Mauricio Macri, Antonia. La Metropolitana denunció la situación ante el juez federal Ariel Lijo. A partir de este incidente, el magistrado le avisó al Departamento de Seguridad Presidencial de la PFA. La fuerza –conducida por Bullrich—aprovechó la oportunidad para concentrarse en la actividad de tuiteros que estaban descontentos con el entonces presidente. Hubo denuncias –y detenciones—varias por amenazas.
Durante el gobierno del Frente de Todos (FdT), hubo ciberpatrullaje durante la pandemia. Hubo un caso paradigmático: el de Kevin Guerra, un veinteañero de Balcarce. Kevin estaba matando el tiempo durante el aislamiento y escribió, en tono jocoso, si seguía en pie lo del saqueo si no se pagaba el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Kevin fue investigado por la justicia provincial y luego por la federal. Finalmente resultó sobreseído. La entonces ministra de Seguridad Sabina Frederic convocó a organismos de derechos humanos para discutir un protocolo para regular la actuación de las fuerzas de seguridad, pero finalmente se derogó esa normativa.
Bullrich dice que hay un vacío. Y vuelve a la carga. La novedad es que ahora se utilizará inteligencia artificial.
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