En los centros de salud y hospitales que garantizan IVE-ILE, Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, los casos de muerte materna por abortos clandestinos disminuyeron.
El 30 de diciembre se cumplieron tres años de la sanción de la Ley 27.610 que establece el derecho de las personas gestantes a interrumpir el embarazo de forma voluntaria hasta las 14 semanas de gestación (IVE) y, luego de ese plazo, la interrupción legal del embarazo (ILE) en casos de violación, peligro de vida o salud.
Según un informe del Ministerio de Salud de la Nación hay 1982 centros de salud y hospitales públicos que garantizan IVE-ILE en todo el país, un incremento del 118,5%, ya que en el 2020 cuando sólo se contaba con 907.
En 2023, 245.015 personas accedieron a interrupciones seguras y legales, según un reporte realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). La línea de atención telefónica gratuita sobre salud sexual atendió 40.563 consultas de las cuales el 92% fueron sobre aborto.
Una estimación realizada en 2005 por el Ministerio de Salud de la Nación aseguraba que se practicaban entre 370 mil y 520 mil abortos clandestinos por año, lo que significaba más de un aborto cada dos nacimientos.
Otro informe, realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) y CEDES, afirmó que entre 2014 y 2016 las muertes por abortos inseguros en Argentina representaron el 17 por ciento del total de las muertes maternas, siendo la principal causa desde 1980. Según datos oficiales, entre 2020 y 2021 las muertes maternas por aborto se redujeron de 23 a 13.
El presidente Javier Milei quiere plebiscitar la ley 27.610 ( IVE-ILE) con la intención de que sea derogada, en su participar del Foro Económico Mundial de Davos, Milei incrustó la discusión del aborto como parte de un segmento de su discuso en el cual buscó cuestionar temáticas que considera dañinas de la economía planetaria de forma indirecta. No sólo criticó la IVE, sino también, por ejemplo, las políticas públicas para detener el cambio climático.
El aborto es un derecho ganado en el país, que protege la vida y hoy es una prestación más en los centros de salud que garantiza que las personas gestantes puedan decidir.
