La psicopedagoga Natalia Montero advirtió que el riesgo mayor tras la tragedia escolar de Santa Fe no es la falta de castigo, sino la ausencia de políticas públicas de salud mental: “Siempre hablamos de lo punible y no hablamos nunca del antes, de cómo hacer prevención.”
Ante el impacto que generó el asesinato de un niño de 13 años a manos de un compañero de 15 dentro de una escuela de Santa Fe, la licenciada en psicopedagogía Natalia Montero aportar una mirada que va más allá del hecho puntual: la de una sociedad que no cuida a sus jóvenes.
“Lo que sucedió en la escuela no empezó allí”, sostuvo Montero con firmeza. Según explicó, episodios de esta gravedad son el resultado de un proceso previo de sufrimiento silencioso que los adultos no supieron —o no pudieron— leer a tiempo. En este caso, la especialista destacó una señal que paradojalmente pasó inadvertida: que el joven agresor era descripto como “muy tranquilo”. “Muchas veces pensamos que el más revoltoso es el que tiene más posibilidades de hacer cosas graves, pero a veces los chicos que están muy callados son los que no pueden hablar de lo que sienten”, advirtió.
“El 75 u 80% de los jóvenes no recibe la atención en salud mental que necesita, y el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes en Argentina.”
Montero aportó datos contundentes: según UNICEF, uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años padece un problema psicológico. La Organización Panamericana de la Salud señala que Latinoamérica registra una de las mayores brechas de tratamiento en salud mental del mundo. Y en Argentina, la Ley de Salud Mental establece destinar el 10% del gasto sanitario total al área, pero hoy solo se ejecuta el 1,6%. “Todas las políticas de salud mental están perdiendo presupuesto y presencia en la sociedad”, denunció la psicopedagoga.
La especialista también apuntó al debate sobre la portación de armas, que llegó incluso a los discursos de campaña electoral. “Un adolescente en crisis y un arma en la casa es una bomba de tiempo, no es una posibilidad”, remarcó. Y amplió el foco hacia el contexto cultural: los discursos violentos normalizados, las guerras transmitidas en tiempo real, la lógica de los videojuegos bélicos y el rol de las redes sociales como amplificadores del acoso escolar, donde el bullying ya no termina al salir del colegio sino que persigue a los chicos las veinticuatro horas del día.
Frente a quienes reclaman endurecer penas y bajar la edad de imputabilidad, Montero fue categórica: “El riesgo de aumentar penas es que en el momento capaz que la gente se siente alivio, pero no resolvemos nada de los problemas estructurales de violencia que se están instalando”. La prevención, insistió, requiere equipos de orientación escolar con recursos suficientes, espacios de escucha como la Educación Sexual Integral (ESI), presupuesto real en salud mental y lazos comunitarios que contengan a los jóvenes.
La psicopedagoga convocó además a las familias a no eludir las conversaciones difíciles: “No se trata de interrogatorios, se trata de habilitar la palabra, de estar disponibles para que se pueda hablar”. Y recordó que el riesgo no solo es tener un hijo que sufre bullying, sino también uno que lo ejerce: “No se trata de condenarlo, sino de asumir que ahí hay un problema vincular que hay que resolver estructuralmente”.
Al cierre de la entrevista, Montero invitó a la comunidad a seguir las publicaciones del Fórum Infancia, red nacional de profesionales dedicada a estas temáticas. Su mensaje final fue claro: “Esto no es allá lejos, es aquí cerquita, hasta en el círculo más pequeño. A todos nos puede pasar”.
