Equiparar la edad jubilatoria de hombres y mujeres, eliminar los 30 años de aportes y regimenes especiales es el nuevo plan del Gobierno.
Pero en el Gobierno analizan un proyecto en sintonía con los reclamos del FMI, hay un proyecto de reforma previsional que el Gobierno escucha con atención. Se trata del plan elaborado por el think tank (grupo de expertos) del CIPPEC. Rafael Rofman, investigador principal de protección social de esta organización el cual fue recibido cinco veces por funcionarios nacionales, según los registros de ingresos a la Casa Rosada a fines del año pasado.
El proyecto de Rofman y Manuel Mera, que se resume en la “propuesta para reordenar el Sistema Previsional Argentino” publicado en la página web de CIPPEC, hace foco en eliminar el requisito de los 30 años mínimos de aporte y propone un ingreso básico a partir de los 65 años. En línea con los históricos pedidos que hace el FMI y la obsesión fiscal del Gobierno, propone equiparar la edad jubilatoria de hombres y mujeres, e incluso aumentarla a medida que mejora la perspectiva de vida. También busca eliminar regímenes de excepción. Aún sin números finos, CIPPEC asegura que la propuesta implicaría un menor porcentaje del gasto del PBI, incluso respecto al escenario actual sin reforma.
Llas dudas sobre su aplicación son estrictamente políticas, asegura sobre su implementación. La coyuntura electoral y el staff report del FMI indicaría que la discusión podría darse para el 2026. “Para eso, habría que empezar ya con el armado técnico, que es complejo”, asegura Rofman.
Uno de los puntos más sensibles en el debate público es la modificación gradual de la edad de retiro. Históricamente las edades mínimas de retiro se fijaron en contextos de menor expectativa de vida y trabajos físicamente más demandantes, de acuerdo al documento. En este sentido, la propuesta sugiere igualar la edad mínima de retiro entre varones y mujeres –un pedido histórico del FMI–, establecer mecanismos de actualización gradual de la edad de retiro en función de los cambios en la expectativa de vida y generar incentivos para quienes opten por postergar su jubilación, mediante beneficios adicionales o esquemas de retiro parcial.
Otro capítulo clave propone revisar los regímenes de excepción vigentes –que mejoran las condiciones de jubilación ya sea por permitir jubilarse a menor edad o con menos años de aporte, o con haberes/movilidad más altos–, con el compromiso de respetar los adquiridos pero de dejar de aprobar nuevos. Según el documento “más del 40% del total de beneficios previsionales y cerca del 55% del gasto total se explican por estos esquemas de excepción”, lo que afecta la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, dentro de estos regímenes de excepción se encuentran poblaciones sensibles: desde regímenes diferenciales por actividad riesgosa como mineros o petroleros, hasta retiros militares, pasando por docentes. El proyecto se ocupa también de ordenar las jubilaciones y pensiones por invalidez y por fallecimiento.
CIPPEC propone una nueva estructura para el régimen general, con un rediseño del cálculo del haber inicial de vejez basado en la ley 24.241 de 1993 y sus múltiples modificaciones. La propuesta plantea crear una prestación básica universal, equivalente a aproximadamente el 25% del salario medio, accesible para todos los residentes mayores de una edad mínima, y complementar esta con una prestación proporcional que se determine según la historia completa de aportes, sin exigir un mínimo de años de aportes. La estructura incluiría también un pilar de ahorro voluntario, financiado de manera diferenciada: la prestación básica con rentas generales y la proporcional con aportes de los trabajadores.
La propuesta para la movilidad de los haberes previsionales, que garantiza la actualización periódica para preservar el poder adquisitivo, respalda el esquema actual basado en el IPC (Índice de Precios al Consumidor), pero sugiere perfeccionarlo estableciendo una periodicidad variable, que sea mensual en contextos de alta inflación y más espaciada cuando esta se reduzca. Además, propone sumar un ajuste anual adicional vinculado a la evolución de los salarios reales para preservar la relación entre los haberes previsionales y los ingresos de los activos. Por otro lado, se recomienda evitar aumentos asimétricos y establecer reglas claras ante posibles caídas de precios.
