En H7 Radial por FM Noticias 88.1, la abogada y especialista en violencia obstétrica, Antonella Peres, habló sobre la primera argentina víctima de violencia obstétrica que llegó a la Organización de las Naciones Unidas- ONU- en busca de una reparación. En este contexto, destacó la importancia de capacitar a los equipos de salud y de informarnos sobre nuestros derechos.
La abogada destacó la importancia de poner en agenda los derechos de las mujeres, particularmente “una violencia que está tan invisibilizada como es la violencia obstétrica”. Al respecto, señaló que se trata de “una situación en la que la mujer se encuentra en un estado de total vulnerabilidad”, en la cual “sus derechos, los derechos de su hijo o hija y de toda la familia son vulnerados”. Además, remarcó que esta modalidad de violencia está definida en la ley 26485 de protección integral a las mujeres, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
“La violencia obstétrica es la violencia de género que ejercen los equipos de salud, entendiendo al equipo de salud de manera amplia, no solamente al médico o a la médica sino al enfermero o enfermera, el administrativo o administrativa, el camillero, la persona que te recepciona, todas las personas que conforman el equipo de salud. Es esta violencia, por acción u omisión, que ejerce este equipo de salud en el preparto, parto o puerperio, y que se manifiesta en el trato deshumanizado. Ese maltrato, ese ninguneo, esa falta de respeto, esas frases que escuchamos habitualmente, no llamar a la persona por su nombre. No pasa por un sentimiento, pasa por un respeto y no cosificar a la otra persona”, puntualizó Peres.
Asimismo, indicó que otra de las maneras en que se manifiesta la violencia obstétrica es a través de la medicalización del parto, es decir, “cuando el parto pasa de ser un hecho natural a un hecho de la ciencia, poniendo vías cuando no son necesarias”, o administrando hormonas mediante sueros. “La tercera forma es a través de la patologización del parto, es tratar a las mujeres, o a las personas con capacidad gestante, como si fuesen personas enfermas”, explicó la abogada remarcando que, de esta manera, “la persona se vuelve paciente y no se vuelve protagonista de su propio parto”.
“Las decisiones de las mujeres no son tomadas en consideración y pasa a tener protagonismo el equipo de salud. Debemos retomar estos derechos y este protagonismo que debemos tener las mujeres a la hora de parir”, subrayó.
Por otra parte, la abogada hizo referencia a la Ley Nacional de Parto Respetado Nº 25929, y explicó al respecto: “Esta ley no define la violencia obstétrica, pero dice cuáles son los derechos de esas mujeres, de esas familias, de esas niñas y niños a la hora del parto. Estos derechos, al ser vulnerados, se convierte en violencia obstétrica. Algunos de estos derechos son poder estar acompañada de una persona de su confianza, si así lo quisiera, durante el preparto, parto y puerperio; el derecho a estar informada de las prácticas que se están realizando o se van a realizar, y la mujer debe consentir esas prácticas; el respeto a los tiempos naturales del parto, no acelerar los tiempos; derechos en relación a los niños y las niñas, apenas nacidos ponerlos en el pecho de su mamá, explicar el tema de la lactancia materna, el corte del cordón umbilical tardío trae un montón de beneficios, entre muchos otros derechos que contempla la ley”.
“Quien no conoce sus derechos, no puede ejercerlos, y esto es clave”, sostuvo Peres haciendo hincapié en la necesidad de conocer los derechos ya que, tras un parto, “si ese niño, esa niña, está sana, las mujeres no denuncian”. Además, destacó la importancia de informar y capacitar a los equipos de salud en este sentido.
En lo que hace a las sanciones que prevé la ley, indicó: “Hay situaciones, que enumera la ley, que no configuran delitos y otras sí son violencia obstétrica y, además, puede ser mala praxis. Puede haber violencia obstétrica y no mala praxis y puede haber mala praxis y violencia obstétrica, porque hay situaciones que llevan a que se configure un daño, además de la violencia obstétrica, o incluso un delito”. Puntualmente, enumeró: “Puede ser incumplimiento del deber de funcionario público porque se negó a realizar determinada práctica un profesional de la salud, pueden ser lesiones, abandono de persona, hay distintos delitos del Código Penal que podrían entrar”.
Así las cosas, explicó que ante un hecho se puede actuar por vía administrativa, realizando una denuncia en la dirección del hospital o clínica en la cual se realizó el parto, comunicándose con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, a través de la línea 144, o el 0800 de la línea de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación (0800-222- 3444). A nivel local, puede realizarse la denuncia ante el Observatorio de Violencia contra la Mujer, lugar desde donde se puede recibir mayor orientación al respecto.
“La ley, en sí misma, no trae ninguna sanción. Dice que son las provincias las que tienen que crear sus mecanismos para poder sancionar esta violencia”, aclaró la abogada recordando que se trata de una ley nacional, a la cual pueden adherir las provincias ya que el área de salud es de potestad provincial.
En este punto, resaltó la “importancia del trabajo en conjunto con el Colegio de Médicos”, aunque remarcó que “esto es una cuestión de política pública, es una cuestión de salud pública y de derechos de las mujeres”. “Esto tiene que salir de un organismo público como puede ser el Ministerio de Salud, o el Ministerio de Desarrollo, o el Observatorio de Violencia. Esto tiene que ser una política pública estatal, no puede quedar librado a la buena voluntad de quien dé la denuncia. Esto tiene que tener un canal y un recorrido para poder denunciar y para tener una restitución del derecho vulnerado”, aseveró.
Fuente: Hora 7/ FM Noticias 88.1 MHz.
