“En mis sesenta y tres años no se ha visto tanta falta de respeto a las instituciones de la democracia. El gobierno desconoce prácticamente las normas, desconoce nuestra Constitución Nacional y hace lo que quiere”, denunció el presidente de ALSA.
Miguel Reynaga, presidente de la Asociación de Lisiados de Salta (ALSA), expresó su profunda preocupación tras el debate presupuestario en la Cámara de Diputados y apuntó directamente contra el gobierno nacional por su política hacia el sector más vulnerable de la sociedad.
“Ver esta insensibilidad que tiene este gobierno es tremendo”, sostuvo Reynaga al referirse al intento de derogar el financiamiento para la emergencia en discapacidad incluido en el proyecto de presupuesto 2026. “Durante estos dos años han hecho del sector de la discapacidad prácticamente lo que han querido, no han respetado en absoluto”, agregó.
El dirigente calificó como “estupor” el hecho de que en un proyecto de ley como el presupuesto nacional se pretendiera “hacer oídos sordos o hacer la vista gorda hacia el sector de la discapacidad”, especialmente cuando se trata de una ley que fue aprobada, vetada y vuelta a insistir por las cámaras legislativas.
Reynaga no solo responsabilizó al Poder Ejecutivo, sino que extendió sus críticas al conjunto de la dirigencia política: “Esto es posible gracias al acompañamiento que tienen estas decisiones de parte de sectores políticos que supuestamente fueron elegidos por la ciudadanía como oposición”.
Con especial dureza se refirió a representantes locales: “Nos sorprende cómo diputados de acá de Salta terminan acompañando estas decisiones después de haberse llenado la boca con la cuestión de discapacidad. Nos sentimos defraudados total y absolutamente”.
Ante las acusaciones gubernamentales de que los manifestantes son “militantes pagos”, Reynaga fue contundente: “Decir que nosotros tenemos posiciones políticas partidarias es injusto porque nuestros reclamos no pasan por una cuestión ni ideológica ni partidaria, es una cuestión de necesidades básicas”.
El presidente de ALSA llamó a correrse de la falsa memoria selectiva de la sociedad: “Nadie se acuerda del tres por ciento que Carina Milei recibía de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero sí se acuerdan de la radiografía del perro. La gente es selectiva a la hora de recordar los problemas de la discapacidad”.
Sobre los casos de beneficios irregulares, Reynaga aclaró responsabilidades: “La persona con discapacidad no es responsable de haber pretendido obtener un beneficio usando una radiografía de un perro. Esto es responsabilidad de un profesional que intentó hacer este tipo de maniobra”.
Y profundizó: “¿Quién firma un certificado médico para obtener un beneficio? Es un médico. ¿Quién solicita obtener un beneficio ilegal? Es un político. Dejemos de endilgar a una persona con discapacidad esa actitud que no corresponde. Hay que separar la paja del trigo”.
El dirigente reveló haber escuchado de funcionarios importantes admitir: “Yo firmé certificados que no correspondían para que se otorguen beneficios porque me lo pidió tal político”.
Reynaga detalló cómo el desfinanciamiento impacta directamente en las personas: “Una persona con discapacidad que necesitaba que la llevaran cinco días a rehabilitación, el transporte le decía ‘te llevo tres días, si querés ir los cinco me tenés que pagar un plus’. Algunos que podían pagar lo hacían, aquellos que no podían, en vez de ir cinco días iban tres”.
La situación se agrava porque “tanto el servicio de transporte como los profesionales médicos terminaban facturando una prestación que no daban. En vez de dar cinco días daban tres, pero facturaban los cinco. El que más sufre la consecuencia sigue siendo la persona con discapacidad”.
Sobre las bajas de beneficiarios, Reynaga reconoció: “Si bien es cierto hubo un ataque al sector de la discapacidad, también es cierto que hubo mucha gente que estaba cobrando el beneficio sin el marco legal que les correspondía”.
Sin embargo, aclaró: “Todas aquellas personas discapacitadas realmente que perdieron el beneficio fueron recuperando de alguna manera el cobro de su pensión. A esta altura, la mayoría de las personas discapacitadas recuperaron el beneficio”.
El presidente de ALSA cerró su intervención con un llamado a la sensibilidad: “Las personas con discapacidad no tienen herramientas para defenderse. Desfinanciar al sector, darle la espalda a la necesidad de personas que no pueden defenderse, realmente es de una conducta imperdonable”.
Desde ALSA, Reynaga aseguró que seguirán “difundiendo los derechos de las personas con discapacidad”, a pesar de que el gobierno nacional, según denunció, continúa sin implementar la ley de emergencia en discapacidad ratificada por la justicia.
