Luego de la renuncia de Luis Espert, la fiscal electoral Laura Roteta consideró que, por la ley de paridad de género, es la candidata mujer quien debe ascender al primer lugar y no Diego Santilli.
Karen Reichardt debe encabece la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza, y no Diego Santilli, tras la renuncia de José Luis Espert, ahora la decisión final quedará en manos del juez federal Alejo Ramos Padilla. La controversia se centra en cómo se debe aplicar la ley de paridad de género ante una renuncia.
La postura del Gobierno: los apoderados de La Libertad Avanza argumentaron que el decreto 171/2019 es claro al establecer que, ante una renuncia, el reemplazante debe ser “la persona del mismo género que le sigue en la lista”. Como Espert es varón, pidieron que su lugar lo ocupe el siguiente varón, es decir, Santilli. Desde la Fiscalia advirtió que esa interpretación es errónea y va en contra del espíritu de la ley. Sostuvo que la paridad de género es una “acción afirmativa” para revertir la desigualdad estructural y que nunca puede ser utilizada para perjudicar a las mujeres.
Según su criterio, hacer que un hombre (Santilli) salte por encima de una mujer (Reichardt) que estaba más arriba en la lista sería una “regresión” para los derechos que la ley busca proteger. Por lo tanto, Reichardt debe ascender del segundo al primer lugar. La fiscal Roteta basó su dictamen en antecedentes judiciales que respaldan su postura, siendo el más resonante el caso de la senadora Lucila Crexell. En aquella oportunidad, ante la muerte del primer candidato, la Justicia Electoral (con fallo confirmado por la Corte Suprema) determinó que le correspondía a ella encabezar la boleta, y no al primer suplente varón, para no contrariar el “propósito final de la ley, que es la protección de la mujer”.
Los jueces consideraron en ese entonces que aplicar estrictamente el reemplazo por género sería una “hipótesis de aplicación irrazonable de una norma”. Aunque el dictamen de la fiscal no es vinculante, representa un fuerte argumento legal que el juez Ramos Padilla deberá sopesar. Lo que él decida podrá, a su vez, ser apelado ante la Cámara Nacional Electoral, máxima autoridad en la materia.
