Pettovello reconoció que de la comida de los comedores, “La auditoría no existe”.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, admitió que la auditoría con la que justificó la suspensión del envío de alimentos a los comedores populares “resulta ser inexistente”. Este reconocimiento, plasmado en un documento oficial del Ministerio a su cargo, desmiente la afirmación del presidente y de su entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, de que el 50% de los comedores no existían.
La revelación surgió a partir de un pedido de acceso a la información pública presentado por la diputada Natalia Zaracho el 16 de mayo de 2024, un día después de que Posse defendiera ante el Congreso la supuesta auditoría. Ante la negativa inicial de la ministra Pettovello de entregar el informe, la diputada llevó el caso a la justicia, obteniendo un fallo que obligó al ministerio a responder.
La confesión oficial llega más de un año después, confirmando lo que muchos sospechaban: la justificación para el recorte de alimentos a los sectores más vulnerables fue una fabricación. Este argumento fue utilizado por el Gobierno para retener millones de kilos de comida que, como se supo, estuvieron a punto de vencer en los depósitos del Ministerio de Capital Humano, generando un escándalo de proporciones.
El exjefe de Gabinete, Nicolás Posse, fue uno de los principales voceros de esta mentira. La versión taquigráfica de su presentación en el Congreso, en mayo de 2024, lo muestra afirmando que se había realizado una auditoría y que “casi el 50 por ciento de los comedores no existían”. Además, aseguró haber detectado “direcciones donde nunca funcionó un comedor y, en otros casos, donde los comedores habían funcionado mucho tiempo atrás”.
La desmentida oficial deja en evidencia la falta de veracidad en el discurso oficial, así como las prácticas comunicacionales del Gobierno para justificar políticas de ajuste. Aludiendo a una auditoría que nunca existió, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) construyó un relato que demonizó la asistencia social para legitimar la interrupción de la ayuda alimentaria.
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