Marcelo Lazarte advierte que la fragmentación del sistema ferroviario impedirá determinar responsabilidades en futuros accidentes.
El reciente descarrilamiento del tren Sarmiento en la estación de Liniers dejó 20 heridos y volvió a poner sobre la mesa el estado crítico del sistema ferroviario argentino. Para analizar las causas y las implicancias políticas del accidente, dialogamos con Marcelo Lazarte, contador público nacional y ex coordinador de la Unidad de Proyectos Ferroviarios.
“Somos testigos de la desinversión en materia ferroviaria que hubo hace muchísimas décadas”, señaló Lazarte, quien no dudó en vincular el accidente con la falta de inversión estatal. Según el especialista, el deterioro acumulado durante años puede manifestarse “en la falta de elementos materiales, en la baja calidad de los insumos o en un sinnúmero de factores”.
El tren circulaba a apenas 45-47 kilómetros por hora cuando se produjo el descarrilamiento, aparentemente por un fallo en el sistema automático de cambio de guía que había sido reemplazado apenas una semana antes. “Es fundamental la presencia del Estado en todos los sentidos: en la calidad de materiales y de tecnología que se incorpora, y también en los controles correspondientes”, enfatizó.
Pero la mayor preocupación de Lazarte no es solo el presente, sino el modelo que se viene. El ex funcionario alertó sobre los riesgos del proceso de privatización autorizado por el DNU 70/23 al inicio de la gestión de Javier Milei: “Va a ser mucho más difícil poder llevar adelante una investigación en un hipotético caso que vuelva a ocurrir una situación de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque uno se va a encargar de la operatoria, otro de la concesión de las vías, otro de los talleres… ¿y a quién culpas?”
Ante la posibilidad de que las provincias se hagan cargo de sus tramos ferroviarios, Lazarte fue categórico: “No hay forma, sinceramente no hay forma”. El problema, explicó, radica en la complejidad de gestionar un sistema que atraviesa múltiples jurisdicciones: “¿Cómo hace usted entre Joaquín B. González y Tuyuchi, donde cambia de jurisdicción? ¿Quién administra el ferrocarril cuando atraviesa distintas provincias?”
El contador recordó las “nefastas décadas del 90” y la célebre frase “ferrocarril que para, ferrocarril que cierra”. Citó ejemplos concretos: el ramal C-13 de Cerrillo a Alemania, hoy fantasma; el tramo de Perico a La Quiaca, inexistente. “Salta quedó sin ningún tipo de inversiones ferroviarias porque solo le interesó a los concesionarios aquellos tramos rentables”, advirtió.
Lazarte cuestionó frontalmente la filosofía oficial de que sea el sector privado quien invierta en infraestructura: “¿Qué es lo que tiene en sus objetivos el empresario? Maximizar su ganancia. ¿Usted invertiría en sectores donde la rentabilidad es baja o nula? Seguramente que no”.
Según su visión, el ferrocarril funciona como “un sistema solidario administrativo” donde “el sector que más recursos genera subsidia al que menos tiene”. Por eso, insistió en que “no hay otra posibilidad” que el Estado Nacional concentre el proceso de inversión.
Consultado sobre si estos descarrilamientos podrían volverse habituales, Lazarte expresó: “Ojalá que no. Ojalá que el Estado lleve adelante la posibilidad de hacer inversiones”. Sin embargo, mostró escepticismo ante el modelo propuesto: “Si las inversiones no son lo suficientemente importantes con tecnología de punta, obviamente vamos a vivir teniendo este tipo de inconvenientes”.
El especialista cerró con una imagen elocuente: “Vamos a terminar, con tal de generar ingresos y rentabilidad, atándolo con alambre, hablando mal y pronto”.
En definitiva, para Lazarte, el descarrilamiento de Liniers no es un hecho aislado sino la expresión de un problema estructural que, lejos de resolverse con la privatización fragmentada, podría profundizarse en los próximos años. Una advertencia que, en medio del debate sobre el rol del Estado, resuena con particular fuerza.

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