En H7 Radial por FM Noticias 88.1, la vicepresidenta del Observatorio de Violencia contra las Mujeres- OVcM-, Inés Bocanera, representante del Senado en el organismo, dio detalles sobre el informe presentado el miércoles en vistas de que ayer se prorrogó en el recinto la Emergencia por Violencia de Género.
De acuerdo con lo que indicó Bocanera, se le solicitó un informe que dé cuenta de las acciones llevadas adelante desde la declaración de la emergencia hasta la fecha. Destacó así la creación de diferentes organismos, entre ellos instituciones judiciales con competencia específica como juzgados de Violencia Familiar y de Género, fiscalías de Violencia Familiar y de Género, e incluso el cambio de nombre de la Oficina de Violencia Doméstica a Oficina de Violencia Familiar y de Género.
“El cambio de nombre tiene que ver también con el cambio de perspectiva, entender que el fenómeno de la violencia no es algo que ocurre en el ámbito doméstico, sino que es algo mucho más amplio, que tiene otras características”, dijo al respecto y recordó que, desde 2018, esta oficina tiene sede en todos los distritos judiciales.
La representante del Observatorio explicó que se informaron así todos estos avances institucionales desde la declaración de la ley y sus respectivas prórrogas, con la creación de estas instituciones para seguir recepcionando y asistiendo a quienes atraviesan situaciones de violencia.
Puntualmente, hizo hincapié en la importancia de fortalecer las instituciones ya que se ha observado una evolución e incremento de las denuncias desde 2016 hasta 2019, lo cual indica que quienes sufren violencia, a partir de la creación de tales instituciones, se acercan a denunciar. “Desnaturalizar esas conductas es un proceso de deconstrucción cultural, entonces, el incremento de las denuncias tiene que ver con desnaturalizar esas conductas, reconocerse como alguien que atraviesa una situación de violencia y permitirse hacer esa denuncia”, analizó Bocanera en ese sentido.
También recordó que no en todos los casos de violencia existe condena ya que para ello debe haber un delito penal. Por esto, señaló, lo que se intenta es que deje de existir la situación de violencia, y aclaró: “El registro de condenas no es a lo que se apunta, sino a disminuir el fenómeno, a bajar el índice de violencia. La violencia psicológica no está tipificada como delito, pero sí está dentro de la ley y es algo que se puede denunciar al objeto de que la violencia cese. Hay que distinguir entre los tipos y modalidades, por eso también la fiscalía distingue en cómo abordar distintas denuncias y cómo poder investigarlas”.
Por otro lado, a representante del Observatorio resaltó que Salta es una de las primeras provincias en adherir a la Ley Micaela. “El Senado es uno de los primeros que se capacita completamente y hoy está iniciando la segunda capacitación”, dijo remarcando que “la Ley Micaela no solo dice que tienen que capacitarse los agentes estatales y funcionarios, dice que esa capacitación tiene que ser sistemática y permanente, porque requiere renovarse y seguir profundizando todos estos conocimientos”.
Explicó que las capacitaciones están siendo dirigidas a toda la administración pública a través de la Secretaría de Derechos Humanos, que es el organismo de aplicación, en conjunto con la Universidad de la Administración Pública y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres. En tanto, destacó la Iniciativa Spotlight que, junto a la Secretaría de Derechos Humanos, dicta capacitaciones en las distintas cámaras legislativas.
“Hay un avance, pero sabemos que es mucha la planta del Estado y se trata de llegar a todos en el tiempo que lleve. Con una capacitación no vamos a llegar a toda la administración pública ni provincial, ni de todos los municipios ni mucho menos, por eso esta capacitación se realiza permanentemente para poder llegar a todos y todas las agentes estatales”, dijo al señalar que las capacitaciones están dirigidas también a agentes municipales.
En este orden, recordó que, desde abril y en el contexto de pandemia y asilamiento, se inició un relevamiento para conocer qué municipios recursos contaban para asistir a personas en situación de violencia, tanto en lo que refiere a áreas específicas, como personal y la función que cumplían. El resultado arrojó que, de los 60 municipios, 24 contaban con áreas de la mujer y 36 no, de los cuales 6 estaban en proceso de creación, por lo que Bocanera admitió que el informe debe ser actualizado y destacó que “hay municipios que necesitan un refuerzo y ellos mismos solicitan la capacitación”, al tiempo que indicó que, a partir del relevamiento, se ofrecieron capacitaciones virtuales para brindar herramientas.
La Vicepresidenta del Observatorio se refirió también al impacto del contexto de encierro, teniendo en cuenta que son 8 los femicidios que se registran en Salta en lo que va del año mientras que en 2019 el Ministerio Público Fiscal registro un total de 11 femicidios. A su vez, advirtió que hubo un importante incremento en las tentativas que hubo este año, con un total de 36 tentativas de femicidio.
“El contexto afectó a todo el mundo y estos análisis de Salta se hicieron también en el momento más duro de la cuarentena en España y sucedió lo mismo, se hicieron en Italia y sucedía lo mismo. Entonces, es un fenómeno que se repite en todo el mundo, el incremento de la violencia producto del aislamiento y de la pandemia”, aseveró la representante del Observatorio alertando también sobre la necesidad de la implementación de la educación sexual integral como forma de prevención de la violencia.
Fuente: Hora 7/ FM Noticias 88.1 MHz.
