“El hito es histórico. Viene a demostrar las bondades de un sistema que pone a la ciudadanía en el centro de la justicia.”
El Dr. Maximiliano Villada Alday, especialista en derecho penal y docente, analiza el primer juicio por jurado en Salta, que condenó a prisión perpetua al femicida de Dalma en apenas dos días.
Salta fue escenario de un hecho que marcará un antes y un después en la historia judicial argentina. El primer juicio por jurado de la provincia culminó en apenas dos días con un veredicto unánime: Víctor Márquez, culpable del femicidio de Dalma, deberá cumplir prisión perpetua. La velocidad y contundencia del fallo sobre un mecanismo de participación ciudadana que, por primera vez, colocó en manos del pueblo la decisión de juzgar a uno de sus pares.
Villada Alday explicó con precisión el funcionamiento del sistema. Los doce jurados deben alcanzar la unanimidad para emitir su veredicto. Si transcurrido un plazo razonable de deliberación no se logra el consenso total, la ley de Salta habilita una “mayoría agravada” de diez votos. Y si ni siquiera eso se alcanza, el jurado se declara estancado, el proceso se disuelve y se convoca uno nuevo. Si ese segundo jurado también queda estancado, el acusado es absuelto.
“La ciudadanía juzga a sus pares” y no es una importación exótica del derecho anglosajón: es un mecanismo de participación democrática que devuelve a la ciudadanía un poder que el Estado había concentrado en manos de jueces técnicos. “La idea misma del jurado es tener gente de la ciudadanía, los pares —explicó—. En inglés la frase es clara: un juicio de los pares.”
El especialista destacó que este modelo exige una sociedad educada y preparada para ejercer esa función. “Hay que empezar a capacitar tanto en las escuelas como en las universidades, y a la sociedad en general”, “El hito es histórico”. Arrancó el lunes y finalizó el miércoles. En dos días se produjo la prueba, los alegatos y el veredicto recayó en horas.”
El sistema prevé un riguroso proceso de selección para garantizar la imparcialidad. Están inhabilitados
- Funcionarios exonerados de la administración pública, quienes estén sometidos a proceso penal
- Los condenados que no hayan cumplido su inhabilitación legal
- Quienes hayan servido como jurados en los tres años anteriores
- Deudores alimentarios morosos y empleados de agencias de seguridad privada.
La labor es gratuita, aunque la ley contempla compensaciones o viáticos para quienes dejan de percibir ingresos durante el juicio, dado su carácter alimentario.
Villada Alday cerró la entrevista con una visión que trasciende lo procesal: este sistema, bien implementado y con ciudadanía formada, es capaz de conjugar celeridad, legitimidad democrática y garantías constitucionales.
El reto ahora, según el especialista, es cultural y educativo. Que la sociedad entienda, asuma y ejerza esta nueva responsabilidad. Porque juzgar a un par no es solo un acto jurídico: es el acto más profundo de la democracia.
