El Senado rechazó de manera contundente el mega DNU, ahora depende de Diputados, pero el gobierno apuesta de lleno a la “Ley Base”.
El rechazo fue 42 votos a 25, con 4 abstenciones, así el mega decreto 70/23, considerado por los propios libertarios -junto con la Ley Ómnibus- el corazón ideológico del Poder Ejecutivo depende de Diputados.
Si lo mismo sucediera en Diputados, el paquete económico que contiene el documento quedará definitivamente derogado.
El llamado a sesión por parte de Victoria Villarruel hizo estallar públicamente la interna entre el presidente y la vice.
De esta manera un nuevo fracaso para Javier Milei, y espera el debate en la Cámara de Diputados, todavía no se sabe cuándo. Lo que sí se sabe es que seguramente será otro capítulo de aquella foto del 10 de diciembre.
Pero Milei tiene su apuesta a esta nueva “La Ley ómnibus” que vuelve con la fórmula jubilatoria, menos emergencias públicas y sin el protocolo Bullrich, todo en busca del Pacto del 25 Mayo
Desde Casa Rosada circuló entre gobernadores y jefes de bloques dos borradores de proyectos de ley con los que buscará insistir en las reformas que planea y requieren aprobación del Congreso.
El primero tiene que ver con la cuestión fiscal, e incluye la restitución del impuesto a las Ganancias, un blanqueo y cambios en el régimen de monotributo, mientras que el otro se trata de una reversión de la Ley ómnibus.
La nueva Ley ómnibus, de 269 artículos, plantea la emergencia pública solamente en 4 materias: administrativa, económica, financiera y energética. Esto significa menos de la mitad de las originalmente previstas. En el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en diciembre había 11, mientras que en el debate parlamentario durante el verano habían quedado 9.
La emergencia sería por el plazo de un año, el Ejecutivo buscará insistir es con la facultad para “modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”.
En cuanto a las privatizaciones, se propone declarar “sujetas a privatización” a Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina; mientras que con un esquema mixto de privatización/concesión aparecen AySA, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria, Corredores Viales y YCRT.
En tanto, Nucleoeléctrica Argentina, el Banco de la Nación y Empresa Argentina de Soluciones Satelitales “solo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.
En el nuevo texto se incluye la propuesta del Gobierno sobre una nueva fórmula jubilatoria, que establece que los haberes previsionales se actualizarán mensualmente por inflación. Y que la primera actualización “se hará efectiva a partir del 1° de abril de 2024” con un 10% de plus.
Al eliminarse la emergencia en seguridad, el capítulo referido a la “organización de las manifestaciones”, más conocido como protocolo Bullrich, sobre protestas sociales, no aparece en el nuevo borrador. Tampoco figura el capítulo de cultura (que avanzaba sobre el INCAA y otros organismos) y las modificaciones en las leyes de Bosques, Quema y Glaciares. No obstante, se mantiene el artículo por el cual se busca facultar al Ejecutivo “a elaborar, con el acuerdo de las provincias, una legislación ambiental armonizada a los fines del cumplimiento del artículo 23 de la Ley N° 27.007 (Hidrocarburos), la que tendrá como objetivo prioritario aplicar las mejores prácticas internacionales de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y/o transporte de hidrocarburos a fin de lograr el desarrollo de la actividad con un adecuado cuidado del ambiente”.
Algunos de los temas que se mantienen son los referidos a la promoción del empleo registrado; modificaciones a la Ley de Hidrocarburos y la Ley Gas Natural; y la creación de un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
