Centenas de seguidores del ex mandatario, Jair Bolsonaro, invadieron la sede del Congreso Nacional, la del Tribunal Supremo y el Palacio presidencial pidiendo una intervención militar para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.Subieron a la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado, y algunos entraron dentro de la sede legislativa, en los tres edificios rompieron los vidrios y causaron daños en el interior. Los extremistas, en su mayoría con camisetas amarillas y verdes y banderas de Brasil, también atacaron algunos vehículos de la Policía Legislativa, que brinda seguridad al Congreso.
También destruyeron barreras de protección y armados con palos enfrentaron a los agentes que intentaron contener, sin éxito, la entrada de los manifestantes. Lula, que asumió la Presidencia de Brasil el pasado 1 de enero, se encuentra este fin de semana de viaje en la ciudad de Araraquara, en Sao Paulo y desde allí ofreció una rueda de prensa donde decretó la intervención del área de seguridad de Brasilia.
Lula nombró como interventor a Ricardo Capelli, secretario general del Ministerio de Justicia, quien será el responsable de toda el área de Seguridad en la capital hasta el próximo 31 de enero y estará subordinado directamente al presidente.
El interventor tendrá poderes para requerir fondos y bienes a disposición del Gobierno regional del Distrito Federal de Brasilia para desempeñar sus funciones, según un decreto leído por Lula.
El mandatario también criticó duramente a los “fascistas” que invadieron las sedes de los tres poderes y causaron destrozos en los edificios, agregó además que los radicales han sido “estimulados” por el exgobernante y que “pagarán con la fuerza de la ley” por los disturbios provocados, así como aquellos que los han financiados.
Desde el triunfo de Lula en la segunda vuelta electoral del 30 de octubre, con el 50,9 % de los votos válidos frente al 49,1 % de Bolsonaro, los simpatizantes del ex presidente Bolsonaro se han concentrado en las afueres de los cuarteles del Ejército.
Los campamentos de los bolsonaristas radicales, que se han multiplicado en ciudades de todo el país, comenzaron a ser desmontados el viernes en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, donde ocurrieron algunos disturbios.
El sábado, el ministro de Justicia, Flávio Dino, autorizó la actuación de la Fuerza Nacional de Seguridad, un grupo de elite de los cuerpos de Policía de todo el país, que se moviliza para misiones especiales.
Antes de la invasión del Congreso, Dino se pronunció en las redes sociales y dijo que los opositores deberán esperar hasta 2026, cuando se realicen las próximas elecciones presidenciales, así como el actual Gobierno esperó entre 2018 y 2022.
En un comunicado, Dino manifestó que el Ministerio de Justicia convocó a una reunión de emergencia con los organismos de seguridad para enfrentar las manifestaciones.
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