“Si fue un ataque, hay encubrimiento. Y si hay encubrimiento, hay delito de traición, y son 35 años.”
A casi nueve años de la desaparición del submarino ARA San Juan —ocurrida el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo— acaba de comenzar el juicio oral que promete más preguntas que respuestas. Mariano Pi, integrante de la Red Federal de Investigación del ARA San Juan, advierte que el proceso judicial está construido sobre una premisa falsa: que hubo un accidente. Y eso, dice, nunca fue probado.
Pi integra desde el día cero una red de especialistas, militantes y familiares que comenzó a investigar el caso cuando la propia Armada mintió en sus primeras comunicaciones, anunciando que el submarino “venía a remolque” cuando en realidad ya había desaparecido. Esa primera mentira institucional fue la señal de alarma.
“Ya cuando vimos esa primera mentira, dijimos: investiguemos, porque acá pasó algo”, relata Pi. Lo que encontraron fue una cadena de omisiones, silencios y maniobras que, según él, apuntan no a una negligencia sino a un encubrimiento deliberado de proporciones geopolíticas.
El organismo internacional CTBTO —(Comisión Preparatoria para la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares) que monitorea detonaciones atómicas en todo el mundo— registró una anomalía hidroacústica compatible con una explosión, no con una implosión. La distinción no es menor: una implosión ocurriría si el casco del submarino colapsara por presión. Una explosión implica una fuente externa de energía.
“La explosión del ARA San Juan fue compatible con la detonación de una bomba antisubmarina a 40 metros de profundidad”, afirma Pi. Esa profundidad no es casual: fue la última anunciada por el capitán Fernández en su comunicación final. Y esa es exactamente la profundidad a la que el propio Ministerio de Defensa —en un acto que Pi llama “sincericidio”— reconoció haber detonado una bomba antisubmarina para “comparar” la magnitud de ambas explosiones. El resultado: dieron igual.
El ARA San Juan operaba en zona alcanzada por los Acuerdos de Madrid —es decir, zona de conflicto soberano con el Reino Unido— y tenía orden expresa de hacer inteligencia sobre aeronaves aeronavales británicas en el área. Los propios tripulantes, al llegar a Ushuaia en el viaje de ida, comunicaron a sus familias que habían sido perseguidos por un helicóptero británico. Los únicos helicópteros británicos que podría identificar un submarino de combate son los antisubmarinos —los mismos que portaban las bombas compatibles con la explosión registrada.
Un buque patrullero del Reino Unido con helipuerto, que operaba en Malvinas, apagó su sistema de rastreo GPS doce horas antes del hundimiento y lo volvió a encender doce horas después. El Reino Unido negó tener helicópteros antisubmarinos operativos en la zona. La Red demostró que sí los tenía, a través de un escuadrón tercerizado en una empresa mercenaria heredera de Blackwater, con contratos que fueron aportados a la justicia.
Sin embargo, nada de esto fue investigado en el juicio.
La causa estuvo casi una década en manos de una jueza de instrucción que nunca ordenó un peritaje de compatibilización entre la explosión registrada y el estado físico del submarino. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia la obligó a hacerlo; ella ignoró la orden. Tanto los marinos acusados como los familiares de las víctimas solicitaron esa pericia. No se realizó.
Ahora el juicio juzga a militares —el comandante de submarinos, el jefe de adiestramiento, el jefe de operaciones— por negligencia en un accidente. “Están discutiendo la negligencia sobre un accidente que no está comprobado”, dice Pi con contundencia. Si en cambio fue un ataque, los responsables serían otros: los funcionarios políticos que ordenaron, permitieron o luego encubrieron lo ocurrido. Mauricio Macri y su ministro de Defensa Oscar Aguad no están imputados en la causa.
“Si es por incumplimiento de deberes, la pena puede ser escarcelable. Pero si fue un ataque y hay encubrimiento, el delito es traición a la patria: 35 años”, resume Pi. Esa es la línea que, según la Red, el Estado argentino —con complicidad de oficialismo, oposición, fuerzas armadas y poder judicial— ha decidido no cruzar.
El juicio comenzó. Más de cien testigos están convocados. Pero sin la pericia que nadie quiso hacer en nueve años, la verdad sobre los 44 argentinos que murieron en el Atlántico Sur corre el riesgo de quedar, una vez más, en el fondo del mar.
