Enrique Angelelli, los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville y el laico catequista Wenceslao Pedernera fueron declarados beatos durante una ceremonia en la ciudad de La Rioja, presidida por el enviado del papa Francisco, el prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, Angelo Becciu.
Después de la lectura de la biografía se dio paso al rito -en latín- de la beatificación aprobada por el Vaticano, la misa fue presidida por el enviado del Papa y concelebrada por el nuncio apostólico en Argentina, León Kalenga Badikebele, y unos 40 obispos de distintas diócesis del país; entre ellos el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea; el cardenal primado de la Argentina, arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli; y el obispo emérito de Tucumán, cardenal Héctor Héctor Villalba.
La muerte del obispo Enrique Angelelli, ocurrida el 4 de agosto de 1976 en plena dictadura cívico-militar, transitó un largo proceso judicial que culminó en 2014 con la condena a prisión perpetua a los militares Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella como autores intelectuales del homicidio.
La muerte del obispo ocurrió en medio de un accidente automovilístico provocado por la encerrona que le hicieron otros vehículos en un tramo de la ruta que atraviesa la provincia a pocos kilómetros de Punta de los Llanos y a media hora de camino de Chamical, lugar donde habían aparecido fusilados dos semanas antes los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias.
A pocos días del asesinato, el 31 de agosto de 1976, el juez riojano Aldo Zalazar Gómez, resolvió disponer el archivo del expediente, tras aceptar el criterio de la fiscal de que la muerte había sido producto de un accidente de tránsito causado por una rueda desinflada.
Con el regreso de la democracia, en 1983, el juez de La Rioja, Antonio Condado, reabrió la causa y al año siguiente el juez Aldo Fermín Morales la recaratuló como “homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado”.
En 1986, el mismo magistrado dictó sentencia afirmando que “la muerte de Enrique Angelelli no obedeció a un accidente de tránsito, sino a un homicidio fríamente premeditado y esperado por la víctima”.
En 1988, el aún juez de la causa rechazó la demanda de la fiscalía de que el proceso a los culpables fuera llevado adelante por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, resolución que fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia que la derivó finalmente a la Cámara Federal de Córdoba.
Ese mismo año, el fiscal de la Cámara se pronunció por la aplicación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, exonerando de cargos a varios militares implicados en el asesinato del obispo riojano.
En 1990, la Cámara Federal de Córdoba consideró agotada la investigación y sobreseyó a los implicados.
Recién en octubre de 2005, con un cambio en la situación política nacional y la abolición de las leyes del perdón, el juez federal subrogante de La Rioja, Franco Romano Grassi reabrió la investigación y se produjo la reapertura de la causa.
Tras 8 años, fue enviada a juicio y el proceso comenzó el 4 de noviembre de 2013 y concluyó el 4 de julio de 2014, a un mes de conmemorarse los 38 años del asesinato, con la sentencia a prisión perpetua de los militares Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella como autores intelectuales del homicidio.
